De la Espriella al modelo Bukele: Colombia quiere replicar la estrategia que llevó a más de 92.740 capturas en El Salvador

El nuevo presidente colombiano prometió megacárceles y una ofensiva frontal contra el crimen organizado, mientras El Salvador ofrece compartir las reformas penales y penitenciarias aplicadas durante el régimen de excepción.

De la Espriella ha expresado su admiración por Nayib Bukele y sus políticas.

El modelo de seguridad impulsado por Nayib Bukele en El Salvador aparece como una referencia para el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia, especialmente en su apuesta por endurecer la lucha contra las organizaciones criminales.

Las coincidencias abarcan desde la construcción de megacárceles hasta cambios en las reglas para enfrentar delitos como la extorsión. De la Espriella ya había prometido durante su campaña levantar grandes complejos penitenciarios como parte de su estrategia de seguridad.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, quien asistió a la toma de posesión del mandatario colombiano, confirmó que San Salvador está dispuesto a compartir su experiencia en reformas penales, procesales y del sistema de administración de justicia.

Uno de los principales referentes es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Ulloa sostuvo que mantener a integrantes de estructuras criminales alejados de las ciudades y prácticamente incomunicados permitió impedir que las cárceles continuaran funcionando como centros de operación para extorsiones, secuestros y otros delitos.

El CECOT se ha convertido en la prisión de máxima seguridad más importante en la región.

La línea planteada por De la Espriella también apunta hacia un endurecimiento de la política de seguridad. En su primer discurso como presidente prometió “derrotar sin tregua al narcoterrorismo”, aseguró que el diálogo con las organizaciones criminales está agotado y anunció que retomará las fumigaciones contra cultivos ilícitos.

El Salvador atribuye a su estrategia una reducción histórica de los homicidios y contabiliza 1,275 días sin asesinatos durante la actual administración. El régimen de excepción también acumula fuertes cuestionamientos: organizaciones nacionales e internacionales registran más de 6.500 denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos y más de 500 muertes de detenidos bajo custodia estatal.

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