Moody’s Ratings prevé un escenario de mejora económica y crediticia para Costa Rica con el nuevo gobierno de Laura Fernández, luego del levantamiento del estancamiento legislativo que durante más de una década limitó la capacidad del país para avanzar en reformas clave de financiamiento y gestión fiscal.
En un informe reciente, la agencia señaló que el nuevo contexto político facilitaría la aprobación de medidas con impacto positivo en la calidad crediticia, impulsadas por el gobierno de Laura Fernández. “El nuevo gobierno de Fernández impulse reformas con impacto crediticio positivo en las áreas de gestión fiscal y financiamiento externo”.
Moody’s subrayó que las restricciones legislativas han sido uno de los principales obstáculos para la administración de la liquidez del Estado, especialmente en materia de financiamiento externo. “Las leyes que requieren la aprobación legislativa de los planes de financiamiento externo han limitado la capacidad del gobierno para administrar su liquidez. Desde 2010, la fragmentación política ha paralizado la formulación de políticas, lo que llevó a un fuerte aumento de la deuda gubernamental hasta 56.4% del PIB en 2019 desde 28.4% en 2010”.
La calificadora recordó que el deterioro fiscal comenzó a moderarse tras la aprobación de la reforma fiscal en diciembre de 2018, la cual permitió contener el crecimiento de la deuda pública. Según el informe, esta medida contribuyó a estabilizar la deuda gubernamental por debajo del 59 % del producto interno bruto (PIB) en 2025.
De cara a los próximos años, Moody’s destacó el potencial impacto de cambios institucionales en la gestión financiera del país. “Una enmienda constitucional propuesta, que otorgaría de forma permanente mayor flexibilidad al Gobierno en materia de financiamiento externo, aliviaría los riesgos de liquidez y fortalecería la posición fiscal”, señaló la agencia.
El informe también resalta que el nuevo gobierno contará con una base legislativa más sólida, al disponer de 31 diputados durante el período 2026-2030, lo que podría facilitar la aprobación de reformas estructurales y reducir los riesgos asociados a la parálisis política que marcó la última década.