La reducción de la migración hacia Estados Unidos comienza a tener efectos directos en Centroamérica, especialmente en el flujo de remesas, que representa uno de los principales ingresos para millones de hogares en la región.
Según el informe Pulso BAC 2026, el país registró por primera vez en medio siglo una inmigración neta negativa, reflejo del endurecimiento de las políticas migratorias y un menor ingreso de población extranjera.
El reporte también advierte sobre la posible implementación de un nuevo impuesto a las remesas en 2026, lo que podría encarecer los envíos y reducir el dinero que llega a países centroamericanos.
El impacto sería especialmente fuerte en economías altamente dependientes de estos flujos. En Honduras, las remesas representan alrededor del 26% del PIB, mientras que en El Salvador alcanzan cerca del 24% y en Guatemala aproximadamente el 19%.
En Nicaragua, aunque el porcentaje es menor, las remesas también cumplen un rol clave en el sostenimiento del consumo de los hogares, mientras que en países como Costa Rica y Panamá su peso es más reducido, pero igualmente relevante para sectores específicos.
Además, comunidades migrantes en Estados Unidos han comenzado a reportar menor actividad económica, no por falta de ingresos, sino por el temor a operativos migratorios, lo que incide en el consumo y en la capacidad de enviar dinero a sus países de origen.
Este contexto también podría afectar el crecimiento económico regional, ya que las remesas no solo sostienen el consumo familiar, sino que también dinamizan sectores como el comercio y los servicios.
En ese escenario, la combinación de menor migración y posibles restricciones a los envíos de dinero plantea un desafío clave para Centroamérica, donde las remesas siguen siendo un pilar fundamental de la economía.