Nicaragua es el segundo país del hemisferio occidental con la economía más vulnerable, solo superado por Haití, de acuerdo a indicadores clave de pobreza y desarrollo humano, debido a factores estructurales que afectan a este día desde hace año.
El informe “Nicaragua: 20 años de desmantelamiento de la libertad de prensa” de Reporteros Sin Fronteras (RSF) señala que hasta inicios de este año, Nicaragua seguía siendo el segundo país con la economía más vulnerable de todo el hemisferio occidental, lo que lo mantiene en un rezago persistente.
Asimismo, el informe indica que la situación económica de Nicaragua es causada por factores estructurales como la represión política, el deterioro institucional y la ausencia de condiciones para fomentar la inversión en sectores productivos de forma sostenida.
“La precariedad económica se ha convertido en la condición cotidiana” asevera el informe.
Además, RSF asegura que el poder adquisitivo en Nicaragua es limitado porque está ligado a las condiciones de pobreza estructural, tomando en cuenta que el Banco Central de Nicaragua reportó un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de $3,017, es decir, un ingreso diario de al menos $8.2 por persona en 2026.
A eso se suma que se estima que más del 70 % de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, lo que, no le permite tener seguro social ni protección laboral.
Remesas sostienen la economía
Por otro lado, el informe señala que las remesas que reciben los nicaragüenses desde el extranjero se han convertido “en un sostén esencial de la economía”, tomando en cuenta que solo en 2024 se reportó que el país recibió $5,243 millones, lo que representó un 29.4 % del PIB.
Sin embargo, se estima que la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dejado pérdidas económicas que superan los $57 millones por confiscaciones y despojos de propiedades de medios de comunicación y periodistas.
Múltiples informes señalan que el régimen prefiere usar los recursos en reprimir y en sus propios intereses, que en obras que requieren las comunidades. Incluso, en las alcaldías, los proyectos realizados serían pantallas para cometer actos de corrupción.