Guatemala comenzó una nueva etapa en la implementación de su Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, al iniciar la elaboración y socialización del reglamento que permitirá aplicar la normativa antes de la evaluación internacional que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2027.
La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), informó que ya cuenta con un borrador preliminar del reglamento y empezó las reuniones con entidades financieras, sectores obligados y organismos internacionales que participaron en la construcción de la ley para recoger observaciones antes de su publicación.
El superintendente de Bancos, Saulo De León Durán, explicó que la nueva legislación entrará en vigor el 17 de septiembre. Aunque la ley concede un plazo máximo de seis meses para emitir el reglamento, la institución busca tener el documento finalizado, consensuado y listo para que el Ejecutivo lo publique durante las últimas semanas de septiembre.
La nueva normativa, contenida en el Decreto 15-2026, moderniza el sistema guatemalteco de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Entre los principales cambios incorpora un enfoque basado en riesgos, fortalece las obligaciones de supervisión e introduce la identificación del beneficiario final de las operaciones, en línea con las mejores prácticas internacionales.
El siguiente gran desafío será la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), prevista para 2027. En ese proceso se analizará la eficacia del sistema guatemalteco para detectar, prevenir y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, además del cumplimiento de las recomendaciones internacionales.
Superar esa evaluación será clave para la estabilidad financiera del país. Una buena calificación fortalecería la confianza de inversionistas y corresponsales bancarios, mientras que eventuales deficiencias podrían aumentar el riesgo de que Guatemala enfrente mayores restricciones en el sistema financiero internacional o sea considerada para la denominada lista gris del GAFI, un escenario que el país busca evitar con la implementación anticipada de la nueva legislación.