El perfil fiscal de Guatemala se mantiene sólido y sostenible en el período 2026-2030, a pesar de los riesgos asociados al cambio climático y otros factores de vulnerabilidad, de acuerdo con el Informe de Riesgos Fiscales 2026-2030 presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
En una declaratoria compartidas tras la presentación del informe, la viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, Patricia Joachín, destacó que las proyecciones confirman una posición fiscal prudente. Según el informe, la deuda pública se ubicará alrededor del 27 % del producto interno bruto (PIB) en 2025, muy por debajo del promedio de 50.2 % registrado en 16 países de América Latina, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El Minfin señaló que el país cuenta con un entorno macroeconómico estable, con un crecimiento económico cercano al 4 %, inflación baja y controlada, así como un déficit fiscal que aumentará de forma temporal y moderada en 2025 y 2026, enfocado en inversión pública y bienestar social, para luego reducirse gradualmente a partir de 2027.
¿Qué podría afectar la trayectoria?
El informe identifica entre los principales riesgos fiscales los eventos ambientales y climáticos extremos, que podrían generar impactos económicos de hasta el 9.8 % del PIB; así como riesgos macroeconómicos vinculados a las remesas familiares, que representan poco más del 19 % del PIB.
El Informe de Riesgos Fiscales 2026-2030 presenta una evaluación integral de las vulnerabilidades que pueden afectar la sostenibilidad fiscal y define una hoja de ruta para anticipar, gestionar y mitigar riesgos de forma oportuna, fortaleciendo la estabilidad financiera del país.… pic.twitter.com/0FTkkPaJ2K
— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) December 22, 2025
“Los riesgos institucionales, como la no aprobación del presupuesto o los litigios; y, los riesgos previsionales”, también podría socavar las finanzas públicas, agregó la funcionaria.
El Ministerio de Finanzas Públicas explicó que el objetivo del informe no es anticipar la materialización de estas vulnerabilidades, sino fortalecer la capacidad de gestión y respuesta del Estado mediante un seguimiento preventivo de los riesgos fiscales, bajo una metodología recomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de los esfuerzos por modernizar la política fiscal y reforzar la transparencia en la gestión pública.