El Congreso de Guatemala avanza en la discusión de una reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) que busca disminuir la carga tributaria sobre las viviendas de uso residencial y otorgar beneficios a los adultos mayores, sin afectar las finanzas de las municipalidades.
La propuesta, que es discutida por diputados de los 16 bloques legislativos, incluye al menos ocho enmiendas. Entre ellas destaca la reducción del impuesto al 3 por mil para las viviendas, mientras que los inmuebles destinados a actividades comerciales mantendrían la tasa actual del 9 por mil.
Los legisladores también analizan exonerar del pago del IUSI a las personas mayores de 65 años que demuestren haber habitado su vivienda como residencia principal durante los últimos cinco años.
Con esta medida, el Congreso busca reducir la carga fiscal sobre los sectores más vulnerables sin modificar el esquema tributario para el sector empresarial.
Uno de los principales desafíos de la reforma es evitar que las municipalidades sufran una caída en sus ingresos. Para compensar la reducción del impuesto, los diputados estudian trasladar a los gobiernos locales la recaudación de los timbres fiscales aplicados a la segunda y posteriores compraventas de inmuebles, una propuesta que aún requiere la aprobación del Ministerio de Finanzas.
La diputada oficialista Victoria Godoy Palala advirtió que eliminar por completo el IUSI tendría consecuencias financieras para las comunas, ya que muchas dependen de esos recursos para financiar servicios públicos, contratar maestros municipales y sostener las policías municipales.
Según explicó, la intención es corregir los abusos detectados en algunos municipios sin afectar la capacidad operativa de los gobiernos locales.
El diputado Julio Héctor Estrada señaló que las distintas bancadas buscan construir una reforma con amplio consenso político que permita modernizar el impuesto sin generar incertidumbre fiscal.
De acuerdo con las conversaciones entre los legisladores, la iniciativa podría ser sometida a votación durante las sesiones extraordinarias previstas para la última semana de julio, cuando el Congreso definirá si los cambios se convierten en ley.
