El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene un “diálogo abierto” con la Administración de Nayib Bukele en temas sobre crecimiento económico, ajuste fiscal y los riesgos del bitcoin, aseguró este jueves Julie Kozack, directora de comunicaciones del organismo.
En una rueda de prensa en Washington, Kozack señaló que las pláticas con el Gobierno salvadoreño siguieron después de finalizar en marzo de 2023 la consulta al Artículo IV, una revisión periódica que el multilateral realiza a sus países miembros.
Las pláticas se centran en “cuestiones técnicas y políticas” que ayuden al Gobierno en San Salvador a alcanzar “sus objetivos”, especialmente en gobernanza económica y transparencia.
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“Tenemos discusiones regulares sobre cuestiones discutidas en la consulta del Artículo IV y destacaría dos: la composición de la necesaria consolidación fiscal y, al mismo tiempo, respaldar el crecimiento y a los segmentos más vulnerables de la población. Y, el segundo, es minimizar los riesgos derivados de la adaptación de bitcoin”.
A principios de septiembre, el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, anunció que el Gobierno salvadoreño esperaba alcanzar un acuerdo de financiamiento con el FMI previo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2024, dos años después de que las primeras pláticas se truncaran en 2021.
“Nosotros seguimos con el diálogo y nuestro objetivo es poder llegar a un acuerdo, incluso, si es posible, antes de las elecciones”, dijo Posada Molina en su primera aparición como ministro después de asumir el cargo tras la salida de Alejandro Zelaya, mano derecha de Bukele.
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— Healthy Pockets (@healthy_pockets) September 28, 2023
Apenas dos días después de las elecciones legislativas y municipales de marzo de 2021, el entonces ministro Zelaya confirmó que se discutía con el FMI un programa por $1,300 millones, que contemplaba un ajuste fiscal de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
El proceso, sin embargo, se truncó cuando la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República en el mismo día que fueron nombrados los nuevos diputados.
Las negociaciones sufrieron un nuevo tropiezo cuando se aprobó la adopción del bitcoin como moneda legal. El FMI pidió al Gobierno que retirara la obligación de aceptar la criptomoneda, como quedó establecida en la ley, un tema que generó polémica y rechazó por parte de los funcionarios.