Han pasado dos años desde que Costa Rica promulgó con alborozo una ley para atraer a trabajadores y prestadores remotos de servicios, conocidos como “nómadas digitales”, pero los resultados dejan un sinsabor del éxito de esta normativa.
La ley, promulgada en agosto de 2021, tenía la intención de dinamizar la industria turística costarricense después del bache generado por la pandemia de covid-19 a través de incentivos fiscales para los nómadas digitales y buscaba convertir al país centroamericano en la especie de un “hub”.
La norma permitía que toda persona extranjera con un ingreso mayor a $3,000 mensuales pudiera permanecer en el país con una visa, sin pago de renta o impuestos por la importación de equipos.
El Gobierno esperaba 17,500 nómadas digitales anuales, pero las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería revelan que no está ni cerca de cumplirse. Entre junio de 2022 -cuando se publicó el reglamento- y diciembre de ese año se registró el ingreso de 161 extranjeros con motivos de trabajo.
De enero a abril de 2023, la cifra mejoró a 368. En total, según Migración, se encuentran 529 nómadas digitales activos en Costa Rica, un cumplimiento de apenas un 3 % de la meta fijada por el Ejecutivo.
La prensa costarricense recuerda que el ministro de Turismo, William Rodríguez López, anunció con entusiasmo en enero de 2023 que para los próximos cinco años el objetivo era llegar a 87,500 nómadas digitales.
Carolina Trejos, directora de marketing del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), reconoció a la prensa local que una de las trabas para atraer a trabajadores en remoto corresponde, paradójicamente, a los problemas de conectividad.
El Ministerio de Hacienda tampoco ha recibido solicitudes de los nómadas digitales para acceder a los incentivos fiscales. La prensa local atribuye que se podría deber a que los trabajadores no cumplen el requisito de un salario de $3,000 mensuales, o $4,000 si están acompañados con la familia.
