EEUU destaca esfuerzos de Guatemala para mejorar competitividad

El Departamento de Estado recuerda que Guatemala posee la mayor economía de Centroamérica y aumentó 8.8 % sus flujos de inversión extranjera directa en 2025, aunque persisten obstáculos como corrupción, burocracia y decisiones judiciales inconsistentes.

Una vista de la zona 10 en la capital guatemalteca.

Guatemala consolidó en 2025 su posición como la mayor economía de Centroamérica, con un producto interno bruto (PIB) de $123,300 millones y un crecimiento estimado de 4.3 %, superior al 3.7 % registrado en 2024, según el informe sobre clima de inversión de 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos. El documento destaca que el gobierno guatemalteco mantiene esfuerzos para mejorar la competitividad, promover oportunidades de inversión y desarrollar reformas destinadas a favorecer el crecimiento económico.

Estados Unidos continúa como el principal socio económico de Guatemala, mientras más de 200 empresas estadounidenses y de otros países mantienen inversiones activas en el territorio guatemalteco. El reporte señala que estas compañías se benefician del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), vigente en Guatemala desde 2006.

Los flujos de inversión extranjera directa aumentaron 8.8 % durante 2025 frente al año anterior. Entre las actividades que captaron las mayores proporciones de inversión extranjera durante los últimos tres años aparecen las financieras y de seguros, manufactura, comercio y reparación de vehículos, tecnologías de la información y comunicaciones, así como servicios de agua, electricidad y saneamiento.

El gobierno guatemalteco lanzó en 2024 una Estrategia Nacional para la Atracción de Inversión Extranjera Directa, enfocada en sectores considerados con mayor potencial. Entre 2024 y 2025, el Congreso también aprobó legislación económica para mejorar el ambiente de negocios, incluida una ley de competencia, otra de infraestructura vial prioritaria, una normativa de seguridad portuaria, legislación para agilizar devoluciones tributarias y reformas al marco de las alianzas público-privadas.

La oficina de promoción de inversiones ProGuatemala, dependiente del Ministerio de Economía, proporciona información de mercados, evalúa oportunidades de inversión, coordina visitas y facilita contactos con instituciones públicas y privadas. También acompaña procedimientos administrativos y permisos necesarios para establecer empresas, mientras el informe indica que sus servicios están disponibles para inversionistas sin discriminación.

La administración del presidente Bernardo Arévalo priorizó medidas anticorrupción, entre ellas un código de ética para empleados públicos, unidades de probidad en varios ministerios y mecanismos de digitalización para aumentar la transparencia, aunque el reporte considera que los resultados todavía son limitados.

Obstáculos para operar

El Departamento de Estado advierte, sin embargo, que las empresas internacionales todavía enfrentan importantes obstáculos para operar en Guatemala. Entre ellos identifica leyes y regulaciones complejas, decisiones judiciales inconsistentes, barreras burocráticas y corrupción. Los procesos prolongados para obtener permisos y licencias, además de las dificultades para despachar mercancías en aduanas, constituyen problemas frecuentes para empresas nacionales y extranjeras.

La corrupción permanece como uno de los principales desafíos señalados por inversionistas. El informe menciona denuncias relacionadas con contratación pública y solicitudes de sobornos para adjudicar contratos, además de cuestionamientos sobre operaciones aduaneras en puertos y fronteras.

La administración del presidente Bernardo Arévalo priorizó medidas anticorrupción, entre ellas un código de ética para empleados públicos, unidades de probidad en varios ministerios y mecanismos de digitalización para aumentar la transparencia, aunque el reporte considera que los resultados todavía son limitados.

El reporte destaca que Guatemala aprobó en 2024 una ley de competencia después de décadas de intentos. La normativa busca promover la competencia, elevar la eficiencia económica y proteger el bienestar de los consumidores mediante la prohibición de prácticas anticompetitivas y la creación de una autoridad autónoma. Algunas disposiciones comenzaron a aplicarse en enero de 2025, mientras los capítulos restantes entrarán en vigor en diciembre de 2026.

Guatemala también dispone de incentivos para captar inversiones en manufactura, textiles y servicios. La Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila contempla una exención del impuesto sobre la renta durante 10 años para determinadas actividades textiles y exportadoras de servicios, como centros de llamadas y empresas de tercerización de procesos. Otros incentivos incluyen exenciones de aranceles e impuestos sobre maquinaria y equipo importado.

El sistema bancario guatemalteco, por su parte, se mantuvo estable. Los 19 bancos comerciales registraron aproximadamente $83,600 millones en activos en diciembre de 2025 y las seis mayores instituciones concentraron alrededor del 85 % del total.

Los créditos improductivos representaron 2.3 % de los préstamos en febrero de 2026, mientras aproximadamente el 68.4 % de los adultos tenía al menos una cuenta bancaria al cierre de 2025.

El mercado laboral también enfrenta una elevada informalidad. La encuesta nacional de empleo e ingresos de 2025 contabilizó aproximadamente 2.7 millones de personas trabajando en el sector formal y cerca de 5.3 millones en la informalidad, equivalentes al 66 % de la fuerza laboral. El documento agrega que el 68 % de las mujeres trabajadoras y el 82.6 % de los trabajadores indígenas se encontraban en el sector informal, mientras aproximadamente el 26 % de la fuerza laboral estaba dedicada a actividades agrícolas.

 

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