La dictadura de Nicaragua consolidó un nuevo acuerdo con la empresa estatal china Zhengzhou Coal Mining Machinery Group para instalar un servicio de telefonía e internet móvil que competirá con las operadoras privadas Claro y Tigo, pero con condiciones que expertos consideran desequilibradas: exoneraciones fiscales, uso de la infraestructura ya existente de las compañías rivales y prioridad de compra por parte del Estado.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó el pasado 17 de junio un endeudamiento por unos $84 millones para financiar la operación. El proyecto contempla instalar casi 500 estaciones base y operar una red 4G que dará cobertura a más de 5 millones de usuarios.
De acuerdo con los contratos divulgados por el medio Confidencial, Nicaragua pagará por adelantado el 20 % del monto –unos $21,4 millones– mientras que el resto provendrá de un crédito chino con una tasa de interés del 4 % a 9 años.
La deuda coincide con la ofensiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por estrechar su alianza estratégica con Beijing, a la que ha confiado la ejecución de obras de infraestructura sin condicionamientos de transparencia o democracia.
La iniciativa sorprendió a especialistas en telecomunicaciones, quienes advierten que utilizar la infraestructura de Claro y Tigo sin un marco legal claro podría constituir una violación de la libre competencia. “Definitivamente no es legal, porque no hay ninguna base que justifique imponer a empresas privadas la cesión de sus redes”, comentó a medios locales un consultor del sector bajo condición de anonimato.
Los contratos, rubricados por el Ministerio de Hacienda y la empresa china, también exoneran a Zhengzhou del pago del IVA y otros tributos. Una cláusula específica establece que si, por alguna razón, se requiriera el pago de estos impuestos, será el Estado nicaragüense quien asuma el costo.
“Eximir de impuestos a un operador nuevo es una violación de las normas básicas de competencia. Sumado a que contarán con los recursos del Estado y con preferencia para vender sus servicios a instituciones públicas, esto deja a los competidores en una situación desventajosa”, advirtió el economista Juan Sebastián Chamorro, exviceministro de Hacienda.
Intentos previos de control de las telecomunicaciones
Este no es el primer intento del régimen de instaurar un operador estatal aliado. A inicios de la década pasada, la rusa Yota y la china Xinwei (con su marca CooTel) incursionaron en el mercado con apoyo gubernamental, pero nunca lograron arrebatar cuota de mercado a las operadoras tradicionales.
La nueva empresa operará con tecnología Huawei, marca vetada en varios países occidentales por sospechas de facilitar el espionaje estatal chino. En Nicaragua, sin embargo, no existe reticencia oficial a tales vínculos.
Condiciones contractuales inusuales
Los contratos prevén escenarios que van desde pandemias hasta sanciones internacionales como causas de fuerza mayor. Si se materializan “medidas coercitivas unilaterales” (en alusión a posibles sanciones de Estados Unidos o la Unión Europea), ambas partes acordarán acciones “para garantizar el cumplimiento del contrato”.
Además, cualquier controversia se someterá primero a mediación ante la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos y, de persistir, a tribunales nicaragüenses, según estipula la legislación local.
Oposición silenciosa
Ante la consulta de Confidencial, Claro se abstuvo de reaccionar públicamente y Tigo no contestó las solicitudes de comentario. Sin embargo, fuentes del sector afirman que ambas compañías analizan posibles acciones legales o diplomáticas para cuestionar la legalidad del proyecto.
Analistas coinciden en que, con los “dados cargados” en favor del nuevo operador, la dictadura consolida su apuesta por ampliar el control de las comunicaciones y cimentar su dependencia financiera de China, un aliado que ofrece créditos sin pedir reformas democráticas a cambio.