Nicaragua ha perdido en los últimos 3 años hasta 40,000 empleos en el régimen de zonas francas, aunque las autoridades reconocen una cifra menor y atribuyen la contracción principalmente a los aranceles comerciales impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump.
La crisis laboral ocurre en un contexto marcado también por sanciones internacionales y cuestionamientos por derechos humanos desde 2018.
El director ejecutivo interino de la Corporación de Zonas Francas (CZF), Fernando Sánchez, admitió a los periodistas de la dictadura que el sector ha reducido entre 15,000 y 16,000 puestos de trabajo.
Sin embargo, aunque negó cierres de empresas y afirmó que se trata de una “compactación” temporal ante la caída de pedidos de las marcas internacionales.
Sin embargo, datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) muestran que el empleo en zonas francas pasó de 138.027 trabajadores en 2022 a 100.566 en enero de 2026.
A la vez, los datos oficiales indican queel número de empresas bajó de 187 a 167, lo que refleja una pérdida acumulada cercana a los 40.000 puestos.
Impacto de aranceles y competencia regional
La dictadura vincula la crisis a los aranceles recíprocos impuestos por Washington en 2025, que fijaron tasas de hasta el 18 % para Nicaragua, superiores al promedio regional.
Ello redujo la competitividad frente a países como Honduras, Guatemala y El Salvador, con aranceles de 10%
Aunque la justicia estadounidense anuló parcialmente esas medidas, la administración de Trump impuso posteriormente un arancel global base del 10 %.
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A la vez, mantiene gravámenes adicionales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, derivados de investigaciones sobre prácticas laborales y el Estado de derecho en Nicaragua.
Estos recargos afectan especialmente a productos fuera del tratado CAFTA-DR y podrían aumentar progresivamente hasta 2028 si no hay cambios en las condiciones señaladas por Washington.
Crisis estructural y sanciones desde 2018
Analistas y fuentes del sector señalan que la caída del empleo precede a los aranceles y responde también al deterioro del clima de inversión tras la crisis sociopolítica de 2018, cuando organismos internacionales documentaron violaciones masivas de derechos humanos.
La dictadura aplastó las protestas con saldo de 355 asesinatos, miles de heridos, miles de detenidos, torturados, desaparecidos y cientos de miles exiliados, desterrados y desplazados.
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Desde entonces, Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a funcionarios e instituciones nicaragüenses, lo que ha incrementado la incertidumbre empresarial y acelerado la relocalización de operaciones hacia otros países de Centroamérica.
Pese a este escenario, la dictadura proyecta recuperar hasta 20.000 empleos en 2026 mediante reformas fiscales y la mejora de condiciones para inversionistas, una previsión que el sector privado observa con cautela ante la persistente incertidumbre comercial y política.