El Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas (ONU), compartió un informe en el que resalta observaciones referidas a las violaciones de derechos humanos en las comunidades indígenas del país canalero.
El Estado panameño no ha cumplido con las obligaciones correspondientes a la protección de los derechos humanos de los indígenas y hace hincapié en el avance de la construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica del país, la cual ha pasado por encima del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades autóctonas.
El organismo expresó su preocupación al respecto, dada la baja efectividad en la aplicación de normativas y mecanismos que garantizan los derechos del pacto a la concesión de permisos para la implementación de grandes proyectos de desarrollo económico o de explotación de los recursos naturales.
“Preocupan, asimismo, las informaciones que dan cuenta de los impactos de estos proyectos sobre los modos de vida tradicionales, medios de subsistencia y cultura de los pueblos indígenas. En particular, el Comité observa con preocupación que no se hayan llevado a cabo evaluaciones completas de impacto ambiental ni adecuados procedimientos de consulta a fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado ante proyectos de inversión, tales como el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco y Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica”, dijo el organismo.
Asimismo la ONU manifestó su preocupación tras no recibir ninguna información referida al estado de cumplimiento de los acuerdos obtenidos con los pueblos indígenas que se ven directamente afectados por este tipo de proyectos.
Las recomendaciones
Ante ello, recomendó que Panamá debe de diseñar, adoptar e implementar, en consulta un mecanismo que garantice y permita asegurar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
Sugirió, además, que se debería de considerar el apoyo técnico de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos.
De igual manera la instancia internacional determinó que Panamá debe de “tomar medidas concretas para preservar los modos de vida tradicionales, medios de subsistencia y cultura de los pueblos indígenas frente a los impactos de proyectos de desarrollo e intrusiones de terceros en sus territorios, incluso acelerando la demarcación y adjudicación de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas que no están dentro de las comarcas”.
El movimiento indígena panameño ha dado seguimiento de cerca a esta situación por ser los afectados de manera directa, razón por la que Feliciano Santos, representantes de comunidades indígenas Ngäbe, Buglé y Campesinas y coordinador del Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODE TAB), manifestó, que el informe de la Naciones Unidas, se presenta en un momento complicado para las comunidades indígenas de Panamá “ya que el Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Cuarta Línea se encuentra en desarrollo”. Sin embargo, lamentó que las comunidades aún no saben de qué forma podrán participar en la preparación de ese estudio y tampoco conocen cómo involucrarse en “el diseño e implementación del proceso de consentimiento Libre, Previo e Informado, el cual deberá realizar con nuestras comunidades antes de que el proyecto avance”.
Por su parte, Orlinda Castrellón, subcoordinadora de MODETEAB, manifestó que están “preocupados por los impactos negativos que los proyectos de desarrollo han dejado sobre las vidas de las mujeres indígenas y de nuestros jóvenes”.
Recuerda que en los últimos años han sufrido inundaciones producto de la construcción de represas, y por ello, han tenido que desplazarse en la mayoría de los casos, inclusive “para dar paso a las carreteras, incluso se.
Han construido líneas de transmisión eléctrica sobre nuestros pueblos, sin tener en cuenta la seguridad y el bienestar de nuestra gente y nuestros hijos”.
