La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al estado salvadoreño a restablecer la plena vigencia de los derechos y garantías suspendidas durante los últimos 12 meses en el marco del régimen de excepción instalado en el país por motivos de seguridad ciudadana.
“Si bien se tiene información del Estado de que el país alcanzó una reducción de la criminalidad sin precedentes, contabilizando 188 días sin homicidios en los últimos 12 meses, la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común”, sostiene la comisión en un comunicado difundido el jueves.
La CIDH tiene información de que al menos 65,795 personas han sido detenidas – desde la instalación del régimen de excepción – como presuntamente vinculadas al crimen organizado, de las cuales cerca del 90% tuvieron la prisión preventiva decretada, según información pública de 1 de marzo.
“En ese contexto, ha manifestado reiteradamente su preocupación respecto de múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas. También ha urgido al Estado asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal”, dice la CIDH.
Sin embargo, la comisión reconoce los grandes retos del Estado para enfrentar los altos índices de violencia producto de las actividades de estructuras criminales como las pandillas con el fin de cumplir con su función de brindar protección a su población.
“El Estado debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia – tanto el control así como la prevención como objetivo de toda política de seguridad ciudadana – se adecuen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de derecho”, subraya la CIDH.
El gobierno salvadoreño ha logrado reducir los índices de criminalidad, especialmente homicidios, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción el 27 de marzo de 2023. La medida es sumamente popular entre los salvadoreños pero organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales han criticado la medida.
“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, agrega el comunicado.
La Asamblea Legislativa ha suspendido varios derechos y garantías constitucionales, incluyendo el derecho de la persona detenida de ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y las razones de su detención, y a los derechos de no ser obligada a declarar y de contar con la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales. También han suspendido el plazo máximo de 72 horas para la detención administrativa y la consigna de la persona detenida a juez competente dentro de ese plazo, con las diligencias que hubiera practicado. Asimismo, el régimen de excepción mantiene suspendido el artículo 24 de la Constitución, que dispone sobre la inviolabilidad de la correspondencia de toda clase, salvo bajo los términos previstos en la ley, así como las consecuencias de las intervenciones ilegales en las telecomunicaciones.
