El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a los inversionistas ejercer “extrema cautela” al invertir en Nicaragua, al considerar que no existen condiciones para esperar un Estado de derecho ni un entorno empresarial predecible.
En su informe sobre clima de inversión de 2026, la administración estadounidense sostiene que las actuaciones de las autoridades generan elevados riesgos políticos y reputacionales.
El documento señala que las autoridades nicaragüenses continúan con detenciones de presos políticos, cierre de organizaciones no gubernamentales, exilios forzados, confiscaciones de propiedad privada y acciones que, según el Departamento de Estado, debilitan el Estado de derecho.
El reporte agrega que casi todas las instituciones financieras internacionales dejaron de otorgar nuevos préstamos a Nicaragua, mientras el país depende cada vez más del financiamiento chino para infraestructura.
A pesar de este escenario, el informe reconoce indicadores macroeconómicos generalmente positivos y destaca algunos activos económicos del país, como sus recursos naturales, una fuerza laboral menos costosa que la de sus vecinos, un amplio sector agrícola y acceso a importantes rutas marítimas. Sin embargo, sostiene que ni la inversión extranjera directa ni la participación laboral se recuperaron completamente después de la crisis política de 2018 y la posterior represión gubernamental.
Estados Unidos se mantuvo en 2025 como el principal socio comercial de Nicaragua, al representar el 20 % de sus importaciones y el 38 % de sus exportaciones. Además, el reporte indica que desde 2022 las remesas se convirtieron en el principal motor del crecimiento económico y que más del 80 % de estos recursos procede de Estados Unidos. Operadores privados estimaron que las remesas alcanzaron $6,300 millones en 2025, equivalentes a alrededor del 30 % del producto interno bruto (PIB).
El Departamento de Estado señala que las fuentes tradicionales de inversión extranjera disminuyeron desde la crisis de 2018 y que el régimen nicaragüense buscó incrementar las inversiones procedentes de China. Desde la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre ambos países en 2024, el informe sostiene que las autoridades concedieron un trato comercial preferencial a empresas chinas. En octubre de 2025, Nicaragua creó además las Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, dirigidas especialmente a captar capital chino mediante incentivos fiscales y administrativos.
El reporte destaca que la Asamblea Nacional aprobó en febrero de 2025 una nueva Ley de Inversión Extranjera, que creó la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE) para supervisar y regular las inversiones foráneas. La normativa exige informes trimestrales de cumplimiento e información estadística para el Banco Central de Nicaragua. Aunque la legislación permite una propiedad extranjera del 100 % en la mayoría de las industrias, el Departamento de Estado considera que el nuevo marco incrementó el control y la vigilancia gubernamental sobre las inversiones.
Preocupación por la seguridad jurídica y la propiedad privada
La seguridad jurídica figura entre las principales preocupaciones planteadas en el informe. El Departamento de Estado afirma que los inversionistas no deberían esperar reglas equitativas y advierte sobre auditorías fiscales más frecuentes, multas consideradas arbitrarias y obligaciones tributarias elevadas. También señala que las empresas multinacionales están particularmente expuestas a cobros fiscales inesperados, evaluaciones arancelarias retroactivas y otras sanciones.
El documento también cuestiona la protección de la propiedad privada y señala antecedentes de expropiaciones sin el debido proceso. Según el informe, desde 2018 la dictadura Ortega-Murillo canceló la personalidad jurídica y habría expropiado los bienes de más de 5,600 organizaciones.
Entre 2020 y abril de 2026, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo transfirió al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 110 propiedades confiscadas mediante decretos presidenciales.
El informe también identifica la corrupción como un obstáculo para las inversiones, especialmente en contratación pública, concesión de licencias, aduanas y tributación.
Nicaragua ocupó el segundo lugar más bajo de América Latina en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2025, según el documento. El Departamento de Estado sostiene que, aunque existe un marco jurídico para penalizar la corrupción, las debilidades institucionales y la falta de contrapesos reducen las expectativas de una aplicación efectiva.
En contraste con los riesgos descritos, Nicaragua mantiene incentivos para captar capital en sectores como vivienda, energía renovable, turismo, pesca, actividad forestal y minería. Una reforma de abril de 2026 a la Ley de Zonas Francas convirtió en indefinidos varios beneficios fiscales, aduaneros y administrativos para las empresas calificadas. Las compañías de zonas francas emplean actualmente a más de 100,000 trabajadores, aunque desde 2018 más de 20 empresas dejaron de operar y varias trasladaron sus actividades a países vecinos como Honduras.
El sistema financiero mostró indicadores favorables pese a la limitada inclusión bancaria. Solo el 23 % de la población adulta estaba formalmente incorporada al sistema bancario en 2024, mientras los préstamos aumentaron 12 % y la proporción de créditos improductivos descendió al 1.1 % en 2025. Los activos totales del sistema financiero alcanzaron $7,500 millones ese año. Cuatro bancos concentraban aproximadamente el 77 % de los activos bancarios del país.
El mercado laboral, finalmente, continúa marcado por una elevada informalidad. Las cifras oficiales situaron el desempleo en 2.4 % en diciembre de 2025, pero el 40 % de la población estaba subempleada. Los salarios mínimos vigentes desde marzo de 2026 oscilan, según el sector, entre $168 para agricultura y $378 para construcción, mientras el costo mensual de la canasta básica citado en el informe alcanza $570.
En conjunto, el Departamento de Estado concluye que los riesgos políticos, jurídicos y reputacionales siguen condicionando el clima para invertir en Nicaragua, pese a sus recursos económicos, incentivos fiscales e indicadores macroeconómicos positivos.
