El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, pidió evaluar con responsabilidad la propuesta para un cierre ordenado y autofinanciado de Cobre Panamá.
La posición es planteada en un comunicado y surge tras la entrega del informe final de la Comisión Interministerial al presidente José Raúl Mulino. El documento propone explorar un acuerdo para resolver los arbitrajes y financiar el cierre del sitio minero mediante su eventual operación.
Barría señaló que la recomendación abre una nueva etapa. Sin embargo, advirtió que todavía deben definirse las condiciones concretas de cualquier eventual negociación.
El costo marcará el alcance de la decisión
La Cámara considera que la propuesta permite abordar las obligaciones ambientales sin trasladar el costo al Estado.
El informe estima entre $2,600 millones y $3,400 millones el costo de un cierre sin acuerdo. Ese proceso podría extenderse entre 17 y 19 años.
Además, existen arbitrajes internacionales pendientes por reclamaciones de al menos $27,000 millones. Esos montos no representan obligaciones reconocidas contra Panamá.
#CámaraOpina | Cobre Panamá exige claridad y transparencia.
Consideramos razonable avanzar en la evaluación de una ruta balanceada, con seguridad jurídica, responsabilidad ambiental y sin trasladar sus costos a los panameños.https://t.co/uACVnslpx1
— Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (@CCIYAP) October 4, 2026
Barría sostuvo que los costos potenciales obligan a analizar las alternativas con información técnica y financiera suficiente.
El informe oficial también señala que el país deja de generar $6.85 millones diarios en divisas mientras persiste la indefinición.
Una operación temporal tendría que financiar el cierre
El presidente de la Cámara explicó que un cierre ordenado podría requerir algún nivel de operación del proyecto.
“Se va a abrir para cerrar”, afirmó Barría al referirse al planteamiento de la comisión. A su juicio, esa posibilidad todavía debe dimensionarse y establecer condiciones precisas.
La propuesta no contempla regresar al esquema anterior. El objetivo sería negociar nuevas condiciones para que la actividad financie las obligaciones ambientales y el posterior cierre.
First Quantum Minerals, empresa canadiense que operaba Cobre Panamá, expresó su disposición a conversar con el Gobierno sobre una salida.
Transparencia y control serán claves
Barría señaló que cualquier acuerdo deberá contar con una base jurídica sólida y respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia (que declaró inconstitucional, en 2023, el contrato con la minera).
También pidió establecer garantías para el cierre, fiscalización ambiental independiente y transparencia durante todo el proceso.
Entre los puntos pendientes figuran el régimen fiscal, la participación del Estado, el alcance de una eventual operación y la terminación de los arbitrajes.
La Cámara también planteó proteger los intereses de las comunidades, trabajadores y empresas panameñas vinculadas al proyecto.
Mientras tanto, Mulino mantiene la decisión en sus manos. El Gobierno ha reiterado que el informe constituye una recomendación y no una decisión definitiva sobre Cobre Panamá.
