Un total de 4,383 niñas, niños y adolescentes fueron afectados por el desplazamiento forzado interno en Honduras entre 2019 y julio de 2026, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que urgió al Estado a establecer protocolos para atender a las familias desplazadas.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, señaló que es necesario crear conciencia sobre la dimensión del desplazamiento forzado en Honduras y sus consecuencias sobre la niñez y adolescencia, uno de los grupos más vulnerables frente a este fenómeno.
Los registros de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) indican que los niños en edad escolar concentran la mayor proporción de afectados. El 40 % tiene entre seis y 12 años, mientras que un 28 % corresponde a menores de cinco años y otro 22 % son adolescentes de entre 13 y 17 años.
Reyes advirtió que el desplazamiento también pone en riesgo la continuidad educativa de los menores.
“Nos preocupa que el mayor riesgo lo enfrenta la niñez en edad escolar y los de ciclo común debido a las interrupciones y hasta el abandono de sus estudios por el impacto de la violencia y el desplazamiento forzado que han vivido sus padres o familiares cercanos”, dijo Reyes.
La violencia, principal causa de desplazamiento
Las amenazas son la principal causa que obliga a las familias a desplazarse y representan el 52 % de los casos, seguidas por la extorsión, con un 12 %, y el asesinato de familiares, con un 11 %. También se reportan situaciones vinculadas con violencia de género, discriminación, rapto y reclutamiento forzado por estructuras criminales.
El Distrito Central concentra el 43 % de los casos que afectan a menores, seguido de San Pedro Sula, con un 20 %, por lo que ambos municipios reúnen el 63 % del total. La Ceiba y Choluteca representan un 6 % cada una, mientras Juticalpa registra el 4 %, sin que esto signifique que no existan menores afectados en otras zonas del país.
El CONADEH explicó que las familias pueden desplazarse de un departamento a otro o trasladarse dentro del mismo municipio. En algunos casos intentan permanecer en lugares cercanos para conservar sus empleos, pero cuando el nivel de riesgo aumenta optan por abandonar la zona y establecerse en otro departamento.
Entre los principales responsables señalados por los afectados aparecen personas conocidas, incluidos vecinos e integrantes de la misma familia, con el 32 % de los casos. Otro 31 % corresponde a agresores no identificados y un 31 % a estructuras criminales, mientras que agentes estatales representan el 5 %, según los testimonios recopilados.
Durante los 91 meses analizados, 2023 registró la mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes afectados por el desplazamiento forzado interno, con 1,243. Solo durante los primeros siete meses de 2026, el CONADEH contabilizó 165 menores en riesgo o víctimas de este fenómeno.
Ante esta situación, el organismo considera necesario que instituciones como la Secretaría de Educación y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) desarrollen protocolos internos para abordar los casos de familias desplazadas y atender las necesidades particulares de los menores.
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre, calificó el desplazamiento forzado interno como una “herida abierta” para numerosas familias hondureñas que todavía carecen de respuestas institucionales integrales, articuladas y sostenidas en el tiempo. Además, advirtió que miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares para proteger sus vidas ante la violencia y la desprotección.
