Familiares de salvadoreños deportados desde Estados Unidos entre marzo y abril de 2025 aseguran que llevan más de un año buscando información sobre su paradero y situación jurídica, luego de que fueran trasladados a El Salvador en vuelos que también transportaron a 252 venezolanos, según una investigación publicada por Radio Francia Internacional (RFI).
Entre las familias están las de Elmer Concepción Romero Janes y Kevin Rolando Barrera Torres.
“Mi hermano ha desaparecido. Lleva más de un año detenido sin ningún proceso legal. Nos gustaría tener pruebas de que se encuentra bien, porque no podemos seguir viviendo con esta incertidumbre”, declaró Glenda, hermana de Elmer, a RFI.
Karen, hermana de Kevin, aseguró: “Fue deportado hace más de un año y hasta el día de hoy nadie ha querido decirnos dónde está, para nosotros esto es una desaparición forzada”.
De acuerdo con la publicación, organizaciones de derechos humanos decidieron posteriormente que 36 salvadoreños viajaron en los vuelos de deportación, aunque inicialmente los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador no informaron cuántos ciudadanos salvadoreños habían sido trasladados. Las familias han logrado identificar a 11 de esos hombres.
La investigación señala que los deportados fueron trasladados inicialmente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), mientras los 252 venezolanos enviados a la misma prisión regresaron a su país cuatro meses después. Según RFI, los salvadoreños permanecieron detenidos y sus familiares comenzaron a acudir a instituciones públicas, centros penitenciarios y autoridades estadounidenses en busca de información.
El caso está relacionado con el acuerdo migratorio anunciado por Washington y San Salvador semanas después de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca en enero de 2025. Documentos revelados posteriormente en un proceso judicial mostraron, según RFI, que Estados Unidos acordó entregar a El Salvador $4.76 millones para mantener en el Cecot a deportados venezolanos y salvadoreños.
“Es un contrato que no quisieron hacer público”, afirmó la investigadora María Cotrino, citada por RFI.
Las familias acudieron posteriormente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras esas gestiones, El Salvador informó el desfile de seis de los 11 hombres identificados: uno estaba recluido en el Cecot y otros cinco en el penal de Santa Ana, según la investigación.
Organizaciones citadas por RFI califican algunos de estos casos como posibles desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias debido a la falta de información sobre el fundamento jurídico de las detenciones.
En el caso de Elmer, su familia lo identificó inicialmente en imágenes oficiales de la llegada de los deportados a El Salvador. Después de más de un año sin conocer su ubicación, recibió información de que estaba en el penal de Santa Ana.
En junio de 2026, según RFI, el Estado salvadoreño confirmó ante la CIDH que Elmer permanecía incomunicado en ese centro penitenciario, aunque no precisó de qué se le acusaba. Su familia sostiene que recibió una certificación de la Fiscalía que indica que no tiene antecedentes penales en El Salvador.
Kevin, por su parte, fue deportado en el primer vuelo de marzo de 2025 después de permanecer bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Su familia afirma que acudió a distintas instituciones salvadoreñas sin obtener información sobre su ubicación. Un abogado que representa a su familia sostiene que su traslado a El Salvador vulneró el principio de no devolución debido a sus antecedentes de detenciones en el país.
RFI indicó que solicitó acceso al centro de recepción de migrantes, al Cecot y al penal de Santa Ana, además de entrevistas con autoridades salvadoreñas, pero no obtuvo respuesta. Abogados de las familias sostienen que, un año y medio después de las deportaciones, todavía no han tenido acceso a expedientes que expliquen los cargos contra varios de los detenidos.
“El Estado salvadoreño ha dicho dónde está detenido, pero no proporciona ninguna base legal para privarlo de su libertad. Entonces estamos ante una detención arbitraria”, afirmó el abogado Kelvi Zambrano.
