La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el 9 de septiembre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales para proteger a tres nicaragüenses que, según el organismo, enfrentan una situación de extrema gravedad y urgencia con riesgo de daños irreparables a sus derechos.
La solicitud incluye al excomandante sandinista y exasesor presidencial de Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño, y su grupo familiar, así como a Efrén Antonio Vilchez López y Alain Piedra Hernández, quienes permanecen privados de libertad en el centro penitenciario “La Modelo”, en Nicaragua.
La CIDH ya había otorgado medidas cautelares a Vilchez López el 16 de diciembre de 2024, mientras Arce Castaño y su familia las recibieron el 5 de abril de 2026. En el caso de Piedra Hernández, la protección cautelar fue concedida el pasado 24 de mayo.
Según la Comisión, los tres permanecen recluidos en condiciones deplorables, con severas restricciones para comunicarse, limitaciones para recibir visitas y acceso insuficiente a alimentación, agua potable y atención médica especializada.
Arce Castaño, de 76 años, está encarcelado desde julio de 2025, y fue condenado por lavado de dinero en enero de este año. Según la resolución judicial, Arce, quien era considerado un zar de los negocios del partido sandinista, habría lavado 2,713 millones de dólares y 82,344 millones de córdobas (unos $2,243 millones), recursos que —según la acusación oficial— provocaron un grave perjuicio patrimonial al Estado nicaragüense y afectaron la transparencia del sistema financiero nacional. En total, más de $4,957 millones, según la acusación.
En el caso de Efrén Antonio Vílchez López, es un pastor evangélico que ha estado encarcelado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2022. En septiembre de 2022, un tribunal especializado de Managua lo condenó a 23 años de prisión, por supuesta violación. Organizaciones religiosas acusan a la dictadura de haber fabricado los cargos en su contra.
Alain Piedra Hernández es un ciudadano estadounidense naturalizado y actualmente estaría recluido en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, bajo condiciones consideradas inadecuadas y en régimen de aislamiento dentro de una celda de castigo.
El organismo señaló que, pese a las medidas cautelares otorgadas y a sus solicitudes de información durante el período de vigencia, no recibió respuesta del Estado de Nicaragua que indique la adopción de acciones de protección idóneas y efectivas para atender los riesgos denunciados.
La CIDH tampoco recibió información sobre acciones de concertación ni medidas dirigidas a investigar y mitigar los riesgos identificados. Ante esta situación, decidió acudir a la Corte IDH para solicitar la ampliación de las medidas provisionales a favor de los tres detenidos y, en el caso de Arce Castaño, de su grupo familiar.
Las medidas provisionales son dictadas por la Corte IDH ante situaciones de extrema gravedad y urgencia con el objetivo de impedir daños irreparables a las personas. Estas disposiciones tienen carácter obligatorio y requieren que los Estados adopten acciones específicas para resguardar derechos y proteger la vida de quienes se encuentran en riesgo.
