La Procuraduría General de la República (PGR) de Honduras anunció este lunes que buscará revocar el sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el sonado caso de corrupción conocido como Pandora II, mediante un recurso de apelación presentado ante la Corte de Apelaciones correspondiente.
Según la PGR, el expediente investiga la presunta sustracción de L288,016,175 (unos $10.7 millones) del erario público entre 2010 y 2014 mediante convenios suscritos entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería y las fundaciones DIBATTISTA y Todos Somos Honduras. Los recursos estaban destinados a proyectos sociales relacionados con reducción de la pobreza, generación de empleo y emprendimientos.
La institución señaló que una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas encontró indicios de responsabilidad penal al determinar que los recursos no fueron destinados a los proyectos establecidos. La PGR agregó que pericias financieras y transaccionales del Ministerio Público determinaron que al menos L62,026,784.44 ($2.3 millones) habrían sido utilizados en actividades relacionadas con la campaña política de Hernández.
La Procuraduría cuestionó además la liberación, el pasado 12 de agosto, de Luis Fernando Suárez, señalado como el principal testigo de la acusación debido a que administraba las fundaciones que recibieron los recursos. Según el comunicado, un juez de ejecución ordenó su libertad sin audiencia ni notificación a las partes y sin establecer medidas que permitieran localizarlo posteriormente, pese a su condición de testigo protegido.
Otro de los cuestionamientos se dirige contra la exclusión de parte de los elementos presentados por la acusación. La PGR aseguró que el juez inadmitió 22 de los 38 medios de prueba documental propuestos, cerca de 58 % de esa carga probatoria, además de excluir la totalidad de la prueba evidencial. La institución sostiene que posteriormente se argumentó insuficiencia de elementos para acreditar el destino de los fondos y un eventual beneficio para Hernández.
La Procuraduría también indicó que fueron inadmitidas 80 constancias correspondientes a igual número de comunidades que, según la acusación, debían beneficiarse con los recursos y no recibieron fondos. La institución afirmó que estos documentos pretendían acreditar el supuesto daño patrimonial y el desvío del dinero investigado.
La PGR rechazó además el argumento de la defensa sobre auditorías practicadas al Congreso Nacional entre 2010 y 2014. De acuerdo con la institución, esas revisiones se limitaron al presupuesto operativo y no incluyeron el denominado Fondo Departamental, por lo que cuestionó que puedan utilizarse para sostener que esos recursos fueron previamente auditados sin encontrarse responsabilidades.
Ante el sobreseimiento definitivo, la Procuraduría informó que presentó dentro del plazo legal un recurso de apelación para solicitar su revocatoria. La institución pretende que se dicte auto de formal procesamiento contra Hernández por los delitos de fraude y lavado de activos, al considerar que existe actividad probatoria suficiente para sustentar su presunta participación en los hechos investigados.
