Un informe de la División de Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) advierte que hasta 401 docentes que imparten clases en centros educativos de Panamá podrían estar relacionados con registros académicos falsos incorporados al sistema de selección del Ministerio de Educación (Meduca), según expuso la Fiscalía durante una audiencia contra 23 docentes y funcionarios.
La fiscal especializada contra la Delincuencia Organizada, Elizabeth Carrión, explicó que la investigación se elaboró con información proporcionada por el Meduca y el Ministerio Público. La Fiscalía sostiene que habría operado una estructura encargada de introducir datos académicos falsos para aumentar la puntuación de docentes en los concursos de nombramientos, ascensos y asignación de plazas.
Según la investigación, los funcionarios del área informática Henry Jiménez, Tenaura Mojica y Henry Julio habrían sido responsables de incorporar al sistema información relacionada con supuestos estudios cursados en la Universidad de Cartago, institución cerrada en 2014. Henry Julio, encargado del sistema en la provincia de Darién, es vinculado por la Fiscalía con 17 registros presuntamente irregulares.
El Ministerio Público señala a la docente Antonia De La Rosa como presunta intermediaria entre personas interesadas en obtener las acreditaciones y los funcionarios que introducían la información. Dos docentes declararon ante la Fiscalía sobre gestiones realizadas por De La Rosa para conseguir diplomas cuyos estudios posteriormente fueron reconocidos en concursos del Meduca. De acuerdo con la investigación, cobraba un promedio de $4,000 por el trámite.
La Fiscalía indicó que quienes no disponían del dinero eran remitidos a una financiera para solicitar préstamos. Durante una inspección, los investigadores determinaron que De La Rosa figuraba como captadora de clientes y recibía una comisión por cada nuevo usuario. Las autoridades también localizaron $70,000 en las cuentas bancarias de uno de los investigados, recursos que presumen estarían relacionados con la actividad investigada.
El Ministerio Público estima que el esquema ocasionó un perjuicio patrimonial superior a $767,000 al Meduca, calculado a partir de salarios y bonificaciones recibidos por docentes mientras ocuparon sus puestos. Sin embargo, la cantidad podría aumentar debido a que la denuncia original de la institución educativa contempla al menos 401 registros presuntamente falsos.
Durante la audiencia, iniciada el viernes, la Fiscalía buscó imputar a los 23 procesados por delitos relacionados con corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales, delincuencia organizada, falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la profesión. Además, otras dos personas fueron aprehendidas el jueves por su presunta vinculación con el esquema, pero deberán comparecer por separado debido a que sus detenciones no pudieron incorporarse al proceso de los primeros investigados.
La jueza Irene Cedeño legalizó la aprehensión de 22 investigados y excluyó a uno tras determinar que no había firmado la orden utilizada durante la diligencia ejecutada en su residencia. La defensa cuestionó las detenciones y aseguró que no tuvo acceso oportuno a las carpetillas de investigación. La audiencia continuará en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, donde deberán concluir las argumentaciones sobre la imputación y posteriormente discutirse las medidas cautelares.
