La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) expresaron su preocupación por una reforma a la Ley de Radio y Televisión de Costa Rica que será discutida este jueves en segundo debate en la Asamblea Legislativa y que establece un nuevo canon para los concesionarios de frecuencias.
El proyecto de ley n.° 24.461 contempla para la televisión abierta un canon progresivo que puede alcanzar hasta el 7.73 % de los ingresos brutos anuales. La SIP y el CPJ reconocieron la facultad del Estado para regular el espectro radioeléctrico y cobrar por utilizar este bien público, pero consideran que las cargas deben responder a criterios técnicos, objetivos, transparentes y proporcionales.
Teletica advierte cierre
Teletica, una de las empresas que podría resultar afectada, advirtió que el nuevo cobro comprometería la viabilidad económica de su señal de televisión abierta. Actualmente, según la información divulgada por la compañía, los concesionarios televisivos pagan ₡120,000 anuales por el uso de una frecuencia para transmitir.
“Cuando una decisión regulatoria amenaza la viabilidad de emisoras de radio y televisión abiertas y priva a la población de una fuente gratuita de información, trasciende lo empresarial y afecta directamente la libertad de expresión. Una democracia necesita más voces, no condiciones desproporcionadas que puedan silenciarlas”, afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.
Las organizaciones sostienen que una eventual salida del aire de estaciones de radio y televisión tendría consecuencias especialmente para hogares de menores ingresos, comunidades rurales y adultos mayores que utilizan señales gratuitas para acceder a noticias. También destacaron la importancia de estos medios durante emergencias, desastres naturales, elecciones y otros acontecimientos de interés público.
“Una ley que ponga en riesgo la viabilidad de medios de radio y televisión amenaza directamente la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Costa Rica debe garantizar que la regulación del espectro sea razonable y no se convierta en una potencial herramienta para silenciar a la prensa”, expresó el director regional del CPJ para las Américas, José Zamora.
La SIP y el CPJ también citaron la Opinión Consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece una dimensión individual y otra social de la libertad de expresión. Las organizaciones argumentaron que las condiciones jurídicas y económicas impuestas a los medios deben ser compatibles con ese derecho y garantizar la existencia de una pluralidad de fuentes informativas.
Teletica aseguró que respalda una actualización del canon que pagan los concesionarios al Estado, pero considera que el porcentaje contemplado en la reforma podría ocasionarle graves dificultades financieras e incluso obligarla a abandonar en el futuro la televisión abierta.
La empresa señaló que evalúa otras alternativas para proteger su independencia, sus empleados y su operación, mientras la Asamblea Legislativa se prepara para discutir este jueves el proyecto en segundo debate.
