La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) de Costa Rica presentó una acusación contra cinco funcionarios y exfuncionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por presuntas irregularidades relacionadas con una dación en pago utilizada para cancelar una multa impuesta a la empresa china Huawei.
Los acusados son Jaime Palermo, exgerente de Telecomunicaciones; Germán Sánchez, exjefe de la División de Infraestructura; Alberto Campos, exdirector de la Dirección de Desarrollo y Plataformas y Habilitación de Servicios; Jan Fonseca, administrador de contrato; y Jenny Vargas, entonces coordinadora de contratación administrativa y actual directora de Proveeduría.
La Fiscalía acusa a los cinco del supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública. Además, atribuye a Palermo el presunto delito de tráfico de influencias y a Fonseca el supuesto delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios. La acusación y solicitud de apertura a juicio fue presentada el pasado 24 de julio ante el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública.
El caso se remonta a una contratación adjudicada a Huawei en 2008, que contemplaba sanciones económicas por retrasos en el cumplimiento del contrato. A raíz de esas disposiciones, el ICE cobró en 2016 una multa de casi $8 millones a la compañía. Posteriormente, el 27 de abril de 2017, un funcionario de Huawei propuso compensar la deuda mediante una dación en pago.
Según la acusación fiscal, dentro de esa operación fueron incluidos cuatro enrutadores CORE NE5000E-X16 que Huawei había entregado al ICE desde 2013 como un “ofrecimiento adicional sin costo”. La Fiscalía sostiene que esos equipos ya pertenecían a la institución y tenían entonces un valor aproximado de $837,000.
El Ministerio Público sostiene que las personas señaladas supuestamente “incurrieron en la irregularidad de autorizar y gestionar una dación en pago simulada, firmando actas de recepción definitiva y de total satisfacción por bienes presentados como si fueran una contraprestación nueva, con lo cual se permitió a la empresa Huawei Technologies extinguir una millonaria multa”.
“Los cuatro enrutadores CORE NE5000E-X16 involucrados ya pertenecían a la institución desde el año 2013, habiendo sido entregados como un descuento sin costo mucho antes de que se firmaran los oficios de dación en pago por los acusados y se aceptaran como parte del pago de la multa”, argumenta la Fapta. La Fiscalía considera que los imputados presuntamente utilizaron sus cargos para “manipular la naturaleza de la dación en pago y así favorecer indebidamente a la empresa Huawei”.
Sánchez, uno de los exfuncionarios acusados, aseguró que no había sido notificado y defendió su inocencia.
El Ministerio Público indicó que la resolución fiscal ya fue comunicada y remitida a las partes y espera conocer si el ICE y la Procuraduría General de la República presentarán acusaciones particulares o acciones civiles por daños y perjuicios.
En diciembre de 2024, el entonces presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que su gobierno presentó una denuncia penal contra Huawei y exfuncionarios del ICE por delitos contra la hacienda pública. Según el gobierno, los denunciados cometieron delitos de estafa, cohecho propio, tráfico de influencias e influencia contra la hacienda pública.
La denuncia también incluyó a Yang Peng, apoderado de Huawei Technologies Costa Rica, así como Ana Sofia Machuca Flores, auditora interna de ICE.
