El diputado panameño Roberto Zúñiga denunció el miércoles ante el pleno de la Asamblea Nacional que China mantiene sin oficializar la renovación del Acuerdo sobre Transporte Marítimo con Panamá, pese a que ambos países alcanzaron consensos sobre el convenio en julio pasado.
Zúñiga atribuyó la situación a una posible represalia diplomática de China después de que Panamá dejara sin efecto la concesión de Panama Ports Company, operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal y filial de la hongkonesa CK Hutchison, tras un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia.
“En el mes de julio, estamos ya en agosto y eso no se ha oficializado. Yo creo que lo que ha hecho China o lo que pretende hacer la República Popular China es matar la bandera panameña en el mercado internacional, y como panameños no podemos estar de acuerdo con este ataque directo a nuestra soberanía y a nuestras decisiones”, declaró el diputado.
El legislador también denunció retenciones de barcos con bandera panameña por parte de autoridades chinas. Ante el incremento de las detenciones de buques, la administración del presidente José Raúl Mulino envió una delegación técnica a Pekín entre el 16 y 17 de julio para abordar la situación.
A finales de julio, la Cancillería de Panamá informó que se habían alcanzado consensos encaminados a renovar el convenio, que concede a los barcos registrados bajo bandera panameña un trato de nación más favorecida en China. Sin embargo, según la denuncia presentada por Zúñiga, el acuerdo todavía no ha entrado en vigor.
El Acuerdo sobre Transporte Marítimo fue firmado originalmente en 2018, después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y China. El instrumento permite a las embarcaciones inscritas en el registro panameño acceder a tarifas preferenciales y procedimientos más ágiles en terminales del país asiático.
La falta de una renovación definitiva podría provocar que la marina mercante panameña pierda ventajas competitivas frente a otros registros internacionales. La controversia ocurre en medio de las tensiones diplomáticas surgidas por la anulación de la concesión de Panama Ports Company.
Las diferencias quedaron expuestas públicamente en junio, durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Panamá, cuando el canciller panameño Javier Martínez-Acha y el embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, confrontaron posiciones sobre la decisión judicial. Martínez-Acha defendió la independencia de las instituciones panameñas y sostuvo que el Ejecutivo no puede intervenir en las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia.
