Unos 55,000 hondureños en Estados Unidos enfrentan un escenario migratorio crítico tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que los deja vulnerables a detenciones y eventuales procesos de deportación.
La advertencia fue realizada por Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). La funcionaria señaló que el panorama se agravó después de que la Corte Suprema estadounidense reconociera la facultad del Gobierno para poner fin a esta protección.
La consecuencia no se limita al riesgo de expulsión. Según el organismo hondureño, quienes pierden el TPS también quedan sin permiso de trabajo, acceso a seguro médico, posibilidad de obtener una licencia de conducir y la protección que impedía su deportación.
El Conadeh alertó además que las autoridades estadounidenses cuentan con los datos de los beneficiarios debido a las renovaciones periódicas del programa. Ante esta situación, recomendó buscar asesoría migratoria especializada para determinar si existen alternativas de regularización, particularmente mediante vínculos familiares.
La cifra de 55,000 afectados podría reducirse porque algunos hondureños ya iniciaron procesos para modificar su estatus migratorio. Sin embargo, muchos de los beneficiarios llevan más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, donde formaron familias, adquirieron viviendas y construyeron buena parte de su vida.
El TPS para Honduras se remonta al huracán Mitch de 1998, una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente de Centroamérica.
Casi tres décadas después, su cancelación plantea un nuevo desafío migratorio para Honduras y se suma al fin de protecciones similares para ciudadanos de más de una decena de países, según el Conadeh.
