Un diputado del opositor Frente Amplio impulsa en Costa Rica una reforma a la legislación migratoria que busca agilizar los trámites de miles de migrantes y solicitantes de refugio, fortalecer la coordinación de las instituciones públicas y promover su integración social y económica.
El proyecto, denominado “Ley para el fortalecimiento de la gobernanza y la coordinación de la política migratoria nacional”, fue presentado por el diputado Antonio Trejos Mazariegos al plenario.
De momento, la iniciativa se encuentra en etapa de consulta. Posteriormente deberá pasar a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para continuar su trámite parlamentario.
En síntesis, propone modificar parcialmente la Ley General de Migración y Extranjería, Ley 8764, con un enfoque basado en derechos humanos, coordinación interinstitucional y protección internacional.
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Un rezago migratorio de miles de casos
Según el texto de la propuesta, datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indican que unas 200.000 solicitudes de refugio permanecen pendientes de resolución en Costa Rica.
La mayoría corresponde a nicaragüenses, aunque también existen expedientes de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Colombia, Haití y otros países.
El proyecto señala que la acumulación de casos, junto con las limitaciones presupuestarias y de personal de la DGME, ha provocado procesos prolongados, con personas que esperan durante años por citas y resoluciones.
La situación afecta especialmente a los nicaragüenses, cuya llegada a Costa Rica aumentó después de la crisis política y social de 2018. Desde ese año miles de personas huyeron de la represión, la violencia y la persecución política de la dictadura Ortega Murillo.
Costa Rica se convirtió desde entonces en uno de los principales destinos del exilio nicaragüense y en uno de los mayores receptores de solicitudes de refugio de la región.
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Un consejo con capacidad vinculante
La reforma plantea crear un Consejo Nacional de Migración, adscrito al Poder Ejecutivo, que tendría funciones de dirección estratégica, coordinación, seguimiento y evaluación de la política migratoria.
El órgano establecería lineamientos generales de carácter vinculante y podría emitir directrices técnicas para la DGME. También incorporaría mecanismos de participación de organizaciones de migrantes, sociedad civil y organismos internacionales.
Entre sus objetivos estaría promover la integración de la población extranjera en áreas como salud, educación, empleo, seguridad social y asistencia pública, además de garantizar principios de igualdad de trato y no discriminación.
La propuesta establece además que las personas reconocidas como refugiadas puedan acceder a mecanismos de regularización permanente sin que ello implique automáticamente la pérdida de su condición de refugiadas.
Además, la ley sugiere procedimientos ágiles que respeten el principio de no devolución, la unidad familiar y el interés superior de los menores.
