La inseguridad alimentaria seguirá golpeando con fuerza a Guatemala durante la segunda mitad de 2026, especialmente en las zonas rurales donde miles de familias dependen de la agricultura y de empleos temporales para garantizar su alimentación.
Según las proyecciones de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), unos 3.2 millones de guatemaltecos estarán entre julio y septiembre en Fase 3 o superior. Esto significa que enfrentarán condiciones de Crisis o Emergencia y tendrán dificultades importantes para cubrir sus necesidades alimentarias.
El mayor impacto se concentrará en 10 departamentos. Alta Verapaz encabeza la lista, con 28% de su población en Fase 3 o superior, seguida por Huehuetenango y Jalapa, con 23%; Suchitepéquez y Zacapa, con 22%; Quiché, con 21%; y Chimaltenango, Jutiapa, Retalhuleu y Totonicapán, con 20%.
Mejora en 2027
Entre octubre de 2026 y febrero de 2027 se espera una mejora, con una reducción de 3.2 millones a 2.6 millones de personas en Crisis o Emergencia. La llegada de las cosechas de granos básicos, una mayor oferta de empleo agrícola y el aumento estacional de las remesas contribuirían a aliviar la situación de numerosos hogares.
Sin embargo, el riesgo seguirá siendo elevado. Alta Verapaz permanecerá como el territorio más afectado, con 24% de su población en Fase 3 o superior. La CIF advierte además que el encarecimiento de alimentos, combustibles e insumos agrícolas, junto con plagas y condiciones climáticas adversas, podría frenar la recuperación.
Ante este escenario, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobó el anteproyecto del POASAN 2027, que prioriza recursos para nutrición, salud, protección social, agua y producción de alimentos. A julio de 2026, el programa había ejecutado Q7,202 millones (unos US$941 millones), equivalentes al 51.1% de los recursos programados.
