La eliminación del convenio entre el Ministerio de Justicia y Paz y el Poder Judicial en Costa Rica ya ha provocado la suspensión de 150 diligencias que estaban programadas para los meses de agosto y septiembre en el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela.
El convenio fue eliminado a inicios de agosto por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, quien argumentó que la decisión se tomó porque el Poder Judicial prefería audiencias presenciales, aunque justicia negó los señalamientos. La decisión se tomó luego que Aguilar recomendará una audiencia virtual para el narcotraficante Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y que pese al visto bueno del Poder Judicial, la jueza decidiera hacerla presencial.
Ante las afectaciones en los procesos, el fiscal Carlo Díaz interpuso un amparo ante la Sala Constitucional en el que pide una medida cautelar urgente para evitar que las audiencias se sigan suspendiendo. Por ello, el fiscal pide que se suspenda provisionalmente la eliminación del convenio, que se obligue al sistema penitenciario para mantener la infraestructura tecnológica para las audiencias virtuales y que se continúe con las videoconferencias mientras se da una resolución final.
La Fiscalía alega en el amparo que las audiencias virtuales se realizaban desde 2018 por el convenio entre Justicia y la Corte Suprema de Justicia, como un mecanismo para reducir gastos y riesgos en los traslados físicos de los reclusos.
Impedimentos económicos y físicos
El documento asegura que la decisión ha lesionado los derechos de los involucrados porque el convenio fue eliminado de forma inmediata, sin dejar un período de transición que permitiera la continuidad de las diligencias judiciales.
Esta medida obliga al Poder Judicial ha retomar elevados costos de transporte, seguridad, recursos humanos y materiales para las audiencias físicas, sumado a los millonarios recortes que el gobierno de Laura Fernández ha realizado al Poder Judicial, mientras ella se receta aumentos presupuestarios para comunicaciones y publicidad.
El amparo señala que el Poder Judicial también enfrenta limitaciones físicas. Solo en Alajuela se disponen de cinco espacios para siete jueces, lo que imposibilita la realización de tantas audiencias físicas.
