Las principales pandillas que operan en Guatemala atraviesan una transformación que podría modificar el mapa del crimen organizado en Centroamérica. El Ministerio Público (MP) sostiene que la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 han desarrollado estructuras más complejas y con operaciones de alcance transnacional.
Las investigaciones detectaron una diversificación de sus actividades delictivas. Además del cobro de extorsiones, las organizaciones están involucradas en sicariato, narcomenudeo, tráfico de armas, asociación ilícita y mecanismos para obstaculizar el tránsito con fines extorsivos. También existen indicios de operaciones relacionadas con lavado de dinero.
La Policía Nacional Civil (PNC) considera que el cambio está impulsado principalmente por las mayores ganancias que genera el mercado de las drogas. Su director, David Custodio Boteo, afirmó que las pandillas ya pueden ser consideradas narcotraficantes y anticipó que, a futuro, la extorsión podría quedar relegada a un segundo plano como fuente de financiamiento.
La disputa por el narcomenudeo también está aumentando la presión sobre determinados territorios. Las autoridades han identificado conflictos por el control de mercados de droga en sectores de Ciudad de Guatemala y municipios de su área metropolitana, entre ellos Villa Nueva, Mixco y Villa Canales.
Operaciones recientes
Los operativos recientes respaldan parte de estas alertas. El MP informó que en allanamientos vinculados con estas estructuras se han localizado drogas, dinero en efectivo y armas; solo en acciones recientes fueron decomisadas más de 20 armas de fuego. Las investigaciones apuntan además a métodos cada vez más sofisticados para obtener y movilizar recursos.
La evolución representa un desafío regional debido a la histórica presencia de la MS-13 y Barrio 18 en el norte de Centroamérica y sus conexiones fuera de la región. Guatemala ya reconoce legalmente a ambas pandillas como organizaciones criminales transnacionales y terroristas, mientras el avance hacia el narcotráfico amplía el reto para las autoridades más allá del combate tradicional contra las extorsiones.
