Guatemala se encamina hacia un nuevo proceso electoral bajo la preocupación por la posible penetración del narcotráfico en la política. El presidente Bernardo Arévalo advirtió que la búsqueda de recursos para financiar campañas puede abrir espacios para que dinero procedente del crimen organizado termine influyendo en partidos y candidatos.
El mandatario sostuvo que la relación entre estructuras del narcotráfico y dirigentes políticos no es un fenómeno nuevo en el país. Según explicó, estos vínculos han alcanzado distintos niveles del Estado, desde gobiernos municipales hasta representantes del Congreso de la República.
Arévalo aseguró que existen casos de alcaldes relacionados con actividades del narcotráfico, algunos de los cuales han confesado delitos ante la justicia de Estados Unidos, mientras otros permanecen a la espera de procesos judiciales. También recordó el caso de un exdiputado que cumple condena en territorio estadounidense por delitos vinculados con drogas.
La preocupación aumenta ante las elecciones generales previstas para 2027. El proceso comenzará formalmente en enero próximo con la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en medio de denuncias sobre actividades anticipadas de proselitismo y cuestionamientos sobre el origen de los recursos utilizados por organizaciones políticas.
Fondos “sucios”
El presidente señaló que durante las campañas por la necesidad de obtener dinero para propaganda. Advirtió que esos fondos pueden proceder tanto de redes de corrupción como del narcotráfico, creando compromisos posteriores entre quienes aportan recursos y quienes llegan al poder.
Arévalo también identificó al populismo como otro riesgo para la democracia guatemalteca y latinoamericana. Sostuvo que este tipo de estrategias, tanto de izquierda como de derecha, privilegian propuestas polarizantes y objetivos electorales de corto plazo sobre soluciones para los problemas estructurales de los países.
Frente al riesgo de la llamada narcopolítica, el mandatario pidió fortalecer la auditoría ciudadana, el trabajo de la prensa y las investigaciones de las instituciones de justicia. El objetivo, señaló, debe ser identificar y exponer los vínculos entre estructuras criminales y actores políticos antes de que el financiamiento ilícito pueda condicionar la representación democrática.
