La Asamblea Nacional de Panamá estudiará un proyecto de ley con el que se busca eliminar beneficios y privilegios considerados “injustificados” a altos funcionarios del Estado. El proyecto fue presentado por el diputado Roberto Zúñiga.
La iniciativa presentada a los legisladores panameños busca que se eliminen beneficios no contemplados en las funciones de los funcionarios elegidos por voto popular, ministros, viceministros, magistrados y demás altos funcionarios que administren fondos o bienes públicos.
Los considerandos del proyecto aseguran que con esta iniciativa se busca fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos y definir un régimen de prohibición y control de beneficios de funcionarios, tomando en cuenta que estudios de opinión dan cuenta de una crisis de confianza de los ciudadanos con la gestión pública.
El proyecto busca prohibir beneficios para pagos de telefonía móvil personal, exoneraciones para compras de vehículos personales, uso de combustible institucional y tarjetas institucionales para fines personales, asignación de escoltas para actividades privadas y otros.
El proyecto también obliga a la Contraloría General de la República para que verifique la ejecución de la ley y la Procuraduría de la Administración sería la responsable de imponer las medidas disciplinarias ante cualquier tipo de incumplimiento.
De ser aprobado el proyecto, quienes no cumplan con lo dispuesto serán sancionados con amonestaciones, suspensión del cargo, devoluciones de los fondos usados indebidamente, destituciones e inhabilitaciones para ejercer funciones públicas en los casos considerados “más graves”.
Las encuestas señalan que al menos el 76.3 % de los panameños ven “mala” o “muy mala” la gestión del presidente José Raúl Mulino, mientras que el 66.7 % dice que tiene “poca” o “muy poca” confianza en la administración pública.
