Daniel Ortega acaba de pronunciar una de las declaraciones más graves de la historia política contemporánea de Nicaragua y de América Latina: “Aquí no volverá a haber elecciones”.
Fue una confesión política que revela la intención de convertir el poder en un proyecto dinástico, cerrando cualquier posibilidad de alternancia democrática.
Con esta declaración, no solamente desafía a la oposición política o a la comunidad internacional; desafía el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes.
La pregunta es inevitable: ¿quién le otorgó autoridad para decidir sobre el futuro de Nicaragua como si la nación fuese una propiedad privada?
El voto no es una concesión del poder de turno, sino un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución, por el derecho internacional y por los principios universales de la democracia representativa. En una República, los gobiernos son transitorios; la soberanía popular es permanente.
Su discurso provocó una inmediata reacción internacional porque confirmó lo que durante años ha sido denunciado: la transformación autoritaria de las instituciones del Estado al servicio de un proyecto de control absoluto, familiar y, por lo tanto, dinástico.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que este mensaje sobre la eliminación de futuras elecciones deja nuevamente al descubierto la naturaleza autoritaria de su régimen y su temor al veredicto ciudadano.
Desde su regreso al poder en 2007, Daniel Ortega y Rosario Murillo han desmontado progresivamente los contrapesos institucionales de Nicaragua, mientras se reducen los espacios de participación política mediante persecución, exclusión y control institucional.
La creación de la figura de la denominada “copresidenta” forma parte de ese proceso de concentración del poder. Ese cargo no existía cuando los ciudadanos acudieron a las últimas elecciones generales; fue incorporado posteriormente mediante una reforma constitucional impulsada por el oficialismo.
Al anunciar el fin de las elecciones, Ortega también cierra una posible salida pacífica, constitucional y democrática a la crisis nacional, reduciendo simultáneamente las posibilidades de una transición ordenada.
Su decisión de saltarse todas las trancas y desafiar nuevamente a la comunidad internacional representa un grave error político. Al intentar bloquear cualquier mecanismo democrático, ha colocado en mayor riesgo su propio futuro y el de quienes lo acompañan, en un sistema señalado por graves violaciones a los derechos ciudadanos.
La comunidad internacional tiene ahora la responsabilidad histórica de responder con claridad y unidad. Defender la democracia nicaragüense no significa intervenir en los asuntos internos de un país; significa respaldar principios universales que protegen la libertad y la dignidad de los pueblos.
Estados Unidos ya ha expresado una posición firme. La Unión Europea y los gobiernos democráticos de América Latina deberán asumir también una postura consecuente frente a un régimen que pretende negar el derecho elemental de los ciudadanos a decidir su destino.
En este contexto, merece especial reconocimiento la posición del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien ha mantenido una postura crítica hacia el régimen de Ortega, incluso llamando a consultas a su embajador en Managua. Una señal diplomática que refleja la creciente preocupación regional ante la deriva autoritaria de Nicaragua.
Al pretender cancelar las elecciones, Ortega no ha fortalecido su poder; por el contrario, ha encendido las alarmas del mundo democrático y acelerado el debate sobre la crisis política. Nicaragua pertenece a los nicaragüenses, más ahora en este punto de inflexión entre su desmedida voracidad tiránica y la imponente realidad geopolítica y hemisférica.
Ya a finales de la década de los 80, Ortega dijo en varias ocasiones que no iba a “rifar el poder en elecciones”. Sin embargo, cuando no pudo con la presión interna y externa, revirtió su posición y tuvo que convocarlas, y las perdió claramente ante la UNO y su candidata.
La bravuconada del 19 de Julio va a terminar igual. No va a poder aguantar la presión del pueblo y de la comunidad internacional y va a tener que permitirlas, siendo además observadas y libres, con garantías internacionales, las que sin duda va a volver a perder. Ortega y Murillo tienen ahora, a la vuelta de los años, una disyuntiva clara: salir del poder por elecciones o salir como Nicolás Maduro.
