El 30 de junio, participé en una reunión de líderes de la oposición democrática nicaragüense organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, D.C.
Las luchas del pueblo nicaragüense son personales para mí. Fui expulsado de Nicaragua en 2016 por la dictadura Ortega-Murillo mientras realizaba un viaje de investigación en el país.
También he trabajado con la oposición democrática de Venezuela en su lucha contra el régimen chavista. Esa experiencia me deja escéptico sobre las perspectivas a corto plazo para restaurar la democracia en cualquiera de los dos países.
Un historial de represión y riesgo estratégico
El caso de la oposición es tanto moral como estratégicamente convincente. Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y grupos de derechos humanos han documentado las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte del régimen Ortega-Murillo y su derecho democrático a la autodeterminación.
Estas incluyen el asesinato, encarcelamiento y tortura de cientos de personas tras las protestas de 2018, el secuestro de las elecciones de 2021, la criminalización de partidos de oposición y de más de 1,500 organizaciones no gubernamentales, la expulsión de disidentes, y el despojo de su ciudadanía y propiedades.
El régimen también ha dado refugio a líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ha ofrecido asilo a funcionarios de izquierda acusados de corrupción, incluidos los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
Desde un punto de vista estratégico, Nicaragua se ha convertido en uno de los principales anfitriones de adversarios de Estados Unidos en la región.
Ha recibido tropas rusas en repetidas ocasiones desde el regreso de Ortega al poder en 2007, junto con bombarderos rusos con capacidad nuclear y con instalaciones de comunicaciones espaciales y de entrenamiento policial. Empresas chinas han emprendido proyectos opacos de construcción y minería, incluidos en el puerto de Corinto y el aeropuerto de Punta Huete, sitios que podrían servir a las fuerzas armadas chinas en tiempos de guerra.
La ocupación por Nicaragua en 2010 de territorio en disputa a lo largo del río San Juan y su recepción de fuerzas rusas han sido señaladas repetidamente como amenazas por vecinos, incluida Costa Rica.
Estos riesgos coinciden estrechamente con las prioridades establecidas por la administración Trump en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional y Estrategia de Defensa Nacional, que sitúan a Nicaragua dentro del enfoque de la “Gran Norteamérica” promovido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
Los supuestos vínculos del régimen con el crimen organizado y su antecedente de albergar a líderes terroristas lo hacen relevante para el enfoque de la administración en el narcoterrorismo.
Lo mismo ocurre con su papel en facilitar el tránsito de más de 700,000 migrantes hacia Estados Unidos, incluidos los ingresos que recaudó de los vuelos de migrantes haitianos.
Por qué el momento no es propicio
A pesar de estos peligros, las condiciones en Nicaragua, como en Venezuela, aún no son adecuadas para una transición democrática.
Prácticamente toda la oposición organizada, desde la Iglesia Católica hasta la sociedad civil y los líderes políticos, ha sido criminalizada, torturada, expulsada o forzada al exilio.
Las fuerzas de seguridad y el ejército, junto con las élites empresariales que sobreviven, están ellas mismas implicadas en la corrupción del régimen y en las violaciones a los derechos humanos.
Para muchos integrantes del régimen, una transición democrática que pudiera exponerlos a un enjuiciamiento parece más peligrosa que la continuación de la dictadura.
La próxima elección en Nicaragua está programada para 2027, pero la oposición aún no se ha unificado ni ha construido la base institucional necesaria para presentar una alternativa creíble.
Una abertura estrecha
La posibilidad más interesante de cambio es la transición generacional en curso, de Daniel Ortega y Rosario Murillo a sus hijos, especialmente Laureano Ortega, a medida que la salud de ambos líderes envejecidos se deteriora.
Algunos miembros de la oposición nicaragüense sostienen que sandinistas marginados por esta sucesión podrían provocar una división dentro del sandinismo, una que la oposición podría aprovechar si logra construir unidad y cultivar lazos con internos del régimen descontentos.
Para ello, argumentan, sería necesario ponerse de acuerdo en un programa limitado de transición democrática, entablar contactos discretos con sandinistas desilusionados y otras figuras del régimen, y ofrecer garantías de que los funcionarios que apoyen una transferencia pacífica de poder no enfrentarán el mismo trato que aquellos responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Por qué la presión externa podría no ser suficiente
Un apoyo externo decisivo sigue siendo improbable en el corto plazo. Europa ha ofrecido declaraciones y sanciones, pero no está en posición de actuar de manera decisiva si se produce una apertura política tras las elecciones de 2027.
En Washington, otras prioridades, incluido Venezuela, Medio Oriente y Cuba, podrían retrasar la atención sostenida a Nicaragua, aunque el país encaje perfectamente en las preocupaciones estratégicas declaradas por la administración.
Estados Unidos podría ampliar las sanciones existentes, potencialmente apuntando a Ortega personalmente, o tomar medidas para expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de América Central.
Un observador bien ubicado sugirió, en declaraciones extraoficiales, que Washington podría intentar cooptar a Laureano Ortega, tolerando su consolidación del poder y enriquecimiento a cambio de cooperación y acceso empresarial, una estrategia que sería similar a la adoptada con Delcy Rodríguez en Venezuela.
Como en Venezuela, un acuerdo pragmático de este tipo probablemente dejaría sin resolver la ilegitimidad y corrupción subyacentes del régimen, además de su acogida a actores extranjeros hostiles.
Una acción más decisiva de Estados Unidos es poco probable antes de que Washington resuelva desafíos más urgentes en Irán, Venezuela y Cuba. Las elecciones de medio término de noviembre añaden aún más incertidumbre: un Congreso más empático y el deseo de la administración de lograr una victoria en política hemisférica podrían aumentar la importancia de Nicaragua, mientras que la reticencia a abrir un nuevo frente antes de las elecciones podría igualmente relegarla en la agenda.
El sufrimiento del pueblo nicaragüense es inmediato. La amenaza que representa el régimen Ortega-Murillo para sus vecinos y los intereses estratégicos de Estados Unidos es real.
Pero por ahora, el mejor curso de acción de la oposición es construir unidad con los desertores sandinistas actuales y futuros, profundizar las coaliciones internacionales y la concienciación pública, y prepararse para el momento en que las condiciones internas e internacionales se alineen para una acción decisiva y unida que restore la democracia nicaragüense y ponga fin al papel del país como punto de apoyo para los rivales de Estados Unidos en el hemisferio.
