El estado de excepción implementado en Honduras para combatir a las maras, pandillas y el crimen organizado dejó un saldo de más de 1,100 denuncias por presuntos abusos cometidos por fuerzas de seguridad, según datos oficiales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
La institución registró 1,102 quejas ciudadanas entre noviembre de 2022 y diciembre de 2025, periodo en el que la medida extraordinaria estuvo vigente tras múltiples prórrogas impulsadas por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Los registros muestran que la Policía Nacional acumuló 314 denuncias, mientras que la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) sumó 304 casos. En conjunto, ambas instituciones concentraron más de la mitad de los señalamientos reportados por la ciudadanía.
Entre las denuncias figuran allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza, robos, detenciones arbitrarias, vulneraciones al debido proceso y distintos tipos de violencia contra la población. Organismos de derechos humanos sostienen que muchos de estos casos continúan sin una resolución judicial definitiva.
Especialistas consultados por medios locales advierten que la suspensión temporal de garantías constitucionales otorgó amplios márgenes de actuación a los cuerpos de seguridad, favoreciendo prácticas irregulares y priorizando las cifras de capturas por encima del respeto a los procedimientos legales.
Las quejas se concentraron principalmente en Francisco Morazán, Choluteca y Cortés, departamentos donde se registró una intensa presencia policial y militar durante la vigencia de la medida. El mayor pico de denuncias ocurrió entre 2023 y 2024, con abril de 2024 como el mes con más reportes.
El debate sobre los resultados del estado de excepción sigue abierto en Honduras. Mientras las autoridades defienden la estrategia como una herramienta para enfrentar al crimen organizado, organizaciones de derechos humanos sostienen que el país debe investigar las denuncias y garantizar que los responsables de abusos rindan cuentas ante la justicia.
