Durante el primer mes de gobierno de Laura Fernández en Costa Rica ya se reportan múltiples enfrentamientos verbales con diputados opositores y los altos funcionarios del Poder Judicial por apoyo en reformas impulsadas en el Ejecutivo y por diferencia en criterios.
Uno de los primeros conflictos fue producto de la primera reunión que sostuvo la nueva presidenta costarricense, Laura Fernández, con los dirigentes del Poder Judicial cuando intentó comprometer al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, a respaldar las reformas constitucionales que promoverá en la Asamblea Legislativa sin divulgar el contenido.
Sobre esa misma reunión, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, dijo que el encuentro fue “hostil”, que Fernández les habló en “tono de regaño” y denunció que personal de Casa Presidencial les retiraron sus aparatos electrónicos. Fernández respondió cuestionando a Solano sobre “si quería que le llevara rosas”.
La mandataria dijo que quedó “pasmada” y “decepcionada” con lo que escuchó en la reunión, pues consideró que las autoridades del Poder Judicial “viven en Narnia”. Asimismo, dijo que las declaraciones de Solano eran una “falta de respeto” porque la reunión era para hablar “con total transparencia”.
El fiscal Carlo Díaz aseguró que el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, “no fue educado” con ellos, y que se comportó de forma distinta durante la conferencia de prensa. Al respecto, la mandataria atacó a Díaz diciendo que es una “vergüenza nacional”.
Al siguiente día de esa reunión, Fernández se reunió con los diputados de oposición, quienes denunciaron que también se les retiraron sus aparatos electrónicos y se les aplicaron dos escáneres: para detectar metales y micrófonos. Sumado a que los hicieron ingresar por la parte de atrás.
Fernández dijo durante su conferencia de prensa que si no encuentra apoyo legislativo para impulsar las reformas constituciones que desea, entonces convocará a referéndums. Algunos diputados de oposición han adelantado que no apoyarán medidas que requieran el retiro de garantías constitucionales a ciudadanos.
El último gran conflicto fue sobre la aprobación de la “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional” que pretende abrir el mercado a empresas privadas. Fernández calificó de “comunistas” y “vagabundos” a los diputados que se han opuesto, aunque estos alegan aumento de tarifas y baja en la calidad del servicio.
La mandataria optó por retirar el proyecto de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa y decidió “darle espacio” para que los diputados opositores reflexionen y apoyen la aprobación en segundo debate, que requiere 38 votos.
