La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, presentó este viernes su último informe de labores y defendió una gestión que calificó de “eficiente” y “moderna”. Sin embargo, deja el cargo marcada por sanciones internacionales, acusaciones de persecución política y un abierto enfrentamiento con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, a quien el Ministerio Público intentó vincular con presuntas irregularidades tras las elecciones de 2023.
A un día de abandonar el puesto, Porras aseguró que durante su administración “siempre reinó la luz y no la oscuridad”. También afirmó que el Ministerio Público fortaleció el acceso a la justicia y modernizó sus procesos internos.
“Fuimos evaluados con el 95 % de satisfacción a nivel nacional. Gracias porque nos han permitido dignificar a las víctimas, acercar la justicia y garantizar que el Estado de Derecho debe prevalecer”, declaró durante la presentación de su Cuarto Informe Anual.
No obstante, su gestión acumuló fuertes cuestionamientos dentro y fuera de Guatemala. Diversos gobiernos, organismos internacionales y sectores civiles la acusaron de debilitar la lucha anticorrupción y utilizar el sistema judicial contra opositores, periodistas y exfiscales.
Choque con Arévalo marca el final de su mandato
El conflicto entre Porras y Arévalo dominó los últimos años de su administración. Después de las elecciones de 2023, fiscales del Ministerio Público impulsaron investigaciones por presunto fraude electoral y ordenaron acciones contra el oficialista partido Movimiento Semilla.
Las actuaciones incluyeron allanamientos, secuestro de cajas electorales y solicitudes judiciales contra integrantes del partido oficialista. Sectores nacionales e internacionales calificaron esas medidas como un intento de impedir la llegada de Arévalo al poder.
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La Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, Dra María Consuelo Porras Argueta, presenta su Cuarto Informe de Labores correspondiente al período 2025–2026.
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— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 15, 2026
El mandatario guatemalteco acusó repetidamente a Porras de promover una “ruptura del orden democrático” y hasta de ser peligrosa para el país. Sin embargo, la fiscal general rechazó esas críticas y sostuvo que el Ministerio Público actuó conforme a la ley.
Durante su informe final, Porras defendió nuevamente el trabajo de la institución. “Nuestro compromiso siempre ha sido y seguirá siendo con la verdad, con la justicia y para el pueblo de Guatemala”, afirmó.
Sanciones internacionales y denuncias de persecución política
La todavía fiscal general también enfrenta sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido. Washington la incluyó en la Lista Engel en 2022 por presuntamente obstruir investigaciones anticorrupción y proteger a aliados políticos.
Además, organizaciones nacionales e internacionales denunciaron persecución judicial contra jueces, fiscales, abogados, activistas y periodistas críticos de su administración.
Uno de los casos más emblemáticos fue el del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, quien enfrenta procesos judiciales cuestionados por organismos defensores de libertad de prensa.
También recibió críticas por el desmantelamiento de fiscalías anticorrupción y por el traslado o salida de fiscales que investigaban casos de alto impacto.
Porras defendió una “transformación institucional”
Durante su discurso, Porras aseguró que recibió un Ministerio Público con más de 1.2 millones de casos sin resolver y con presencia limitada en el país.
Pueblo de Guatemala: hemos sabido servirte. Pueblo de Guatemala: la frente en alto, deber cumplido.
Este es un ciclo que marcará para siempre la historia del Ministerio Público y de Guatemala.
Ocho años de servicio con honestidad, convicción y firmeza. Ocho años de trabajo… pic.twitter.com/SzbLCHTLuP
— María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) May 15, 2026
Según afirmó, su administración amplió la cobertura institucional a los 340 municipios de Guatemala, digitalizó expedientes y fortaleció fiscalías especializadas.
“Ocho años después, los resultados hablan por sí solos. Impulsamos una transformación estructural y una modernización institucional sin precedentes”, declaró.
Sin embargo, críticos de su gestión sostienen que el Ministerio Público perdió independencia y aumentó la impunidad en casos de corrupción.
En febrero de este año, expertos de Naciones Unidas también pidieron investigar su presunta participación en adopciones irregulares de niños indígenas durante la década de 1980, cuando dirigía el Hogar Temporal Elisa Martínez.
Porras negó todos los señalamientos durante su mandato y aseguró en reiteradas ocasiones que existía una campaña política para desacreditarla.
Su período concluye oficialmente este 16 de mayo de 2026. El nuevo fiscal general de Guatemala será Gabriel Estuardo García Luna.
