La última controversia que rodea a la cuestionada fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, es la exigencia al gobierno de Bernardo Arévalo de publicar en el Diario Oficial el nombramiento de Gabriel García Luna como nuevo fiscal general, lo que parece ser un intento desesperado de frenar la transición en el Ministerio Público (MP).
La controversia surgió luego de que las actuales autoridades del MP condicionaran el inicio del proceso de transición a la publicación oficial del acuerdo gubernativo que designa al nuevo fiscal general, quien debe asumir el cargo el próximo 17 de mayo.
Sin embargo, el Ejecutivo guatemalteco sostiene que dicho requisito no está contemplado en la ley y recordó que anteriores nombramientos de fiscales generales tampoco fueron publicados en el Diario de Centro América.
“En los últimos 36 años, en todos los casos de nombramiento de jefe del MP, solo una vez se ha publicado en el diario oficial, porque el gobierno de turno lo decidió, no porque sea necesario. Legalmente no es necesario. Ya lo estableció la Corte de Constitucionalidad. Hay doctrina constitucional al respecto”, declaró Arévalo.
El mandatario también afirmó que existe cansancio ciudadano frente a las acciones impulsadas por las actuales autoridades del Ministerio Público para mantenerse en el poder.
“Que sepan que los guatemaltecos ya están cansados de sus maniobras ilegales que buscan entorpecer el cambio”, manifestó el presidente guatemalteco.
El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, respaldó la posición del Ejecutivo y explicó que el nombramiento de Gabriel Estuardo García Luna constituye un acto administrativo individual y no una disposición reglamentaria, por lo que no requiere publicación oficial.
“Tenemos que tener mucho cuidado de no confundir este tipo de acuerdos gubernativos con aquellos que contienen disposiciones generales. Por su naturaleza administrativa, no requieren publicación en el Diario de Centro América”, indicó Guerrero.
El funcionario citó además una sentencia de la Corte de Constitucionalidad contenida en el expediente 461-2014, donde se establece la diferencia jurídica entre actos administrativos y normas de carácter general.
La disputa ocurre en medio de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales contra la gestión de Consuelo Porras, señalada en múltiples ocasiones por obstaculizar investigaciones anticorrupción y procesos de reforma institucional en Guatemala. Porras también ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea como actor antidemocrático y corrupto.
