Los ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que dejaron 11 policías muertos en Guatemala pasarán a ser investigados y procesados por Juzgados de Mayor Riesgo. Esto ocurre en uno de los primeros casos de alto impacto vinculados a la nueva Ley Antipandillas aprobada en el país.
La decisión fue confirmada por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esto ocurrió luego de que los expedientes relacionados con los atentados ocurridos el 18 de enero de 2026 fueran trasladados a tribunales especializados. Esto se debe a la gravedad de los hechos y al perfil de los acusados.
Según las investigaciones del Ministerio Público y de la PNC, los ataques habrían sido coordinados por Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”. Este es presunto cabecilla del Barrio 18. Se considera que fue una represalia por operativos de seguridad y controles ejecutados dentro de cárceles del país.
Los atentados ocurrieron de forma simultánea en distintos sectores de Ciudad de Guatemala y municipios cercanos. Las autoridades reportaron la muerte de nueve policías hombres y dos mujeres. Esto ocurrió en uno de los episodios más violentos contra fuerzas de seguridad registrados recientemente en el país.
Tras los hechos, las fuerzas de seguridad capturaron a 10 presuntos pandilleros, incluidos ocho adultos y dos menores remitidos a juzgados especializados. Las detenciones se realizaron en sectores como Chinautla, zonas 13, 18 y 21 de la capital, además de Villa Nueva.
Entre los delitos que enfrentan figuran asesinato en grado de tentativa, terrorismo, sedición, asociación ilícita y portación ilegal de armas.
La información sobre el traslado de los expedientes fue dada a conocer mediante la circular 04-2026 de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, tras la entrada en vigencia del Decreto 11-2025, conocido como Ley Antipandillas.
Ahora, los procesos quedarán bajo control de judicaturas de Mayor Riesgo. Mientras tanto, se programan las próximas audiencias contra los señalados.
