La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantiene serias preocupaciones por la seguridad pública y las violaciones de derechos humanos de los países de la región, según indica en su Informe Anual 2025 divulgado esta semana.
El informe señala sobre Costa Rica que uno de los desafíos es la preocupación “por la situación de la seguridad ciudadana” mientras que el Gobierno se ha enfocado en tener solo un “enfoque predominantemente punitivo”.
Asimismo, asegura que se mantienen los señalamientos sobre afectaciones en la independencia judicial por recursos insuficientes, presiones externas y discursos de altas autoridades que han deslegitimado a los otros poderes del Estado. Aunque, reconoce que se han tomado medidas para fortalecer la institucionalidad democrático, los derechos humanos, la seguridad ciudadana y acceso a la justicia.
En cuanto a El Salvador, la CIDH mantiene como un “desafío” la “prolongación excesiva” del régimen de excepción, con el que se han detenido a más de 91,000 personas y que ya aglutina “denuncias masivas de violaciones de derechos humanos”.
Además, expresa preocupación por la reelección presidencial inmediata, restricciones en el estado cívico, la detención de defensores de derechos humanos, la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, el acceso a la justicia de los encarcelados, nuevas denuncias de torturas y muertes.
Por otro lado, en el análisis de Guatemala asevera que aún persiste “la instrumentalización del derecho penal con fines políticos” para criminalizar a defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, de los que algunos permanecen en prisión.
Entre los avances del Estado, la Comisión destacó que el Gobierno permitiera la instalación de la Misión Espacial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Sobre Honduras la Comisión expone en el informe que pese a la vigencia del estado de excepción como seguridad ciudadana, se ha registrado un aumento acelerado de de asesinatos violentos y feminicidios, y contra personas de la Comunidad LGBTI.
El informe también expone que recibieron reportes de hechos de violencia durante las elecciones de noviembre pasado, en los que se registraron 109 casos de violencia política con agresiones simbólicas, difamación, calumnia, lesiones físicas, coacción e intimidación, atentados y homicidios.
Respecto a Panamá expone como desafío del último año las múltiples protestas contra la aprobación de reformas a la Caja de Seguridad Social, por lo que, el Gobierno declaró “un estado de urgencia” en la provincia de Bocas del Toro.
Durante ese estado de urgencia, la Comisión supo sobre denuncias de abusos de poder de la fuerza y detenciones arbitrarias que especialmente afectaron a pobladores indígenas.
Nicaragua en un régimen autoritario pleno
Finalmente, la CIDH aseguró en el informe que durante el año pasado observaron la consolidación de un “régimen autoritario en Nicaragua” con la entrada en vigencia de las reformas constitucionales y otras normas que completan la subordinación de los poderes legislativo, judicial y electoral hacia el poder presidencial.
“La Comisión constató que el espacio cívico y democrático permanece completamente cerrado” afirma el informe, que también señala que se mantiene la criminalización de organizaciones sociales, expresiones públicas o manifestaciones religiosas, autoridades indígenas y otros.
Además, que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen detenciones arbitrarias. Las personas que son encarceladas se mantienen en “condiciones deplorables” con malos tratos, torturas, aislamientos prolongados y ocultamiento del paradero de las víctimas por largos períodos.
