Un grupo de taxistas cerró el acceso a la Asamblea Nacional en Panamá, en una medida con la que respaldan el Decreto 10 sobre taxis de lujo, que regula a las plataformas Uber e inDrive.
Los manifestantes exigieron mantener la normativa que recién entró en vigencia. Además, rechazaron los cuestionamientos de diputados y sectores empresariales.
La asesora de la Cámara Nacional de Transporte indicó que el sector no se retirará hasta recibir una disculpa pública. El reclamo se dirige a un diputado que criticó al gremio.
Apoyo al Decreto 10
Los taxistas convencionales se sumaron a la defensa del decreto. Este respaldo ocurre en medio de una fuerte polémica nacional.
El sector considera que la regulación mejora el orden en el transporte. También sostiene que fortalece la seguridad para los usuarios.
Sobre el Decreto Ejecutivo 10.
Soy usuario. No tengo carro. Vivo de las plataformas, del Metro, y de caminar. Desde ahí escribo este hilo.
No como gremio, no como plataforma. Como ciudadano que depende de este servicio todos los días.
Estoy en desacuerdo. Hilo 🧵
— David Samudio (@davidsamudio14) April 19, 2026
Sin embargo, otros actores mantienen críticas. El debate se centra en el impacto del decreto sobre la competencia y la innovación.
Qué establece el decreto de taxis de lujo
El presidente José Raúl Mulino promulgó el Decreto 10 el 16 de abril de 2026. La norma regula el transporte solicitado por plataformas digitales.
El decreto crea la figura de “Taxi de Lujo (TL)”. Además, coloca el servicio bajo supervisión de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
La regulación exige vehículos con menos de 7 años de antigüedad. También pide seguro vigente, aire acondicionado y estándares superiores.
Asimismo, los conductores deben ser panameños y no tener antecedentes penales recientes. Deben obtener un certificado de operación avalado por una prestataria.
Las plataformas digitales solo podrán actuar como intermediarias. Las tarifas estarán bajo supervisión estatal.
Críticas de plataformas, usuarios y sector político
Usuarios y plataformas cuestionan la medida. Consideran que limita la flexibilidad del servicio digital.
Empresas como Uber e inDrive evalúan el impacto de la regulación. Algunas advierten que podría afectar a la mayoría de conductores.
Además, sectores empresariales señalan riesgos para la libre competencia. También cuestionan posibles barreras de entrada al mercado.
En el ámbito político, el diputado Ernesto Cedeño presentó una demanda contra el decreto. Otros funcionarios han pedido revisarlo.
Gobierno anuncia revisión del decreto
El presidente José Raúl Mulino anunció que revisará el decreto. La decisión surge tras la presión de distintos sectores.
El Gobierno abrió un espacio de diálogo para evaluar posibles cambios. Sin embargo, la normativa ya se encuentra en vigor.
Las autoridades analizarán si mantienen, modifican o suspenden algunas disposiciones. Se espera una dec
