El presidente de Panamá, José Raúl Mulino afirmó que su Gobierno está dispuesto a “valorar” medidas para atender la situación migratoria de los nicaragüenses en el país, ante las dificultades que enfrentan para regularizar su estatus debido a restricciones impuestas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Durante una conferencia de prensa este 17 de abril, Mulino reconoció que desconoce la magnitud de la crisis, pero admitió que existen obstáculos para que los migrantes de Nicaragua obtengan documentos como pasaportes o certificaciones, lo que complica su acceso a permisos de residencia y trabajo.
El mandatario comparó la situación con la vivida por ciudadanos venezolanos en años recientes, quienes también enfrentaron dificultades para tramitar documentos en su país de origen, lo que limitó su regularización en Panamá.
Según datos del Servicio Nacional de Migración, hasta el primer trimestre de 2026 unos 12.501 nicaragüenses ingresaron legalmente a Panamá y 844 obtuvieron permisos de residencia, lo que los ubica entre las principales nacionalidades beneficiadas.
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Migrantes nicaragüenses y exiliados
La migración nicaragüense se ha intensificado desde la crisis sociopolítica de 2018, que derivó en denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos y una creciente diáspora.
Se estima que cientos de miles de nicaragüenses han salido del país en los últimos años, consolidando comunidades en Costa Rica, Estados Unidos, España y Panamá.
Organizaciones y testimonios señalan que el régimen nicaragüense ha limitado la renovación de pasaportes y otros documentos a opositores, además de retirar la nacionalidad a centenares de ciudadanos, lo que agrava su situación en el extranjero.
Mulino subrayó que, aunque la aplicación de la ley corresponde a las autoridades migratorias, su Gobierno evaluará alternativas para facilitar un estatus legal a quienes ya residen en el país, en consideración de la “situación especial” que vive Nicaragua.
