La oficina de las Naciones Unidas aseguró este martes que los cambios en la Constitución de la República que permiten la prisión perpetua contra menores de edad en El Salvador contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y pide al Gobierno revisar “con prontitud” las reformas aprobadas.
La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, aseguró que la violación a la Convención se debe a que esta exige que los menores sean tratados de tal manera que se priorice su rehabilitación y reintegración, mientras que El Salvador estaría promoviendo una detención prolongada que vulnera varios derechos.
Naciones Unidas señaló que los cambios al artículo 27 de la Constitución son “preocupantes” porque establecen pena perpetua a menores desde los 12 años, cuyas penas podrán ser revisadas hasta cuando cumplan 25 años de cárcel.
“Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios constitucionales y legales adoptados la semana pasada, que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos” afirma el comunicado.
En ese sentido, recuerda que las normas internacionales sostienen que la cárcel para menores solo debe ser utilizada “como medida de último recurso y durante el período más breve posible”, pues la detención prolongada afecta sus derechos, desarrollo y bienestar, con lo que ser reducen “sus posibilidades de una reintegración exitosa en la sociedad”.
Asimismo, Hurtado aseveró que el Gobierno debe mejorar las condiciones penitenciarias y garantizar que se cumplan las normas sobre derechos humanos “para todas las personas privadas de libertad”.
🔵#ElSalvador – Comentario de Marta Hurtado, portavoz de @UNHumanRights sobre los cambios constitucionales y legales adoptados la semana pasada, que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años.
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— OACNUDH (@OACNUDH) March 31, 2026
El argumento de las autoridades
El proyecto de reforma para la pena perpetua fue una iniciativa del presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, que argumentó que la condena será aplicada solo por cargos de homicidio, violaciones y terrorismo.
En las consideraciones de la ley, el Gobierno estableció que la actualización de las Constituciones es “un componente necesario” por el “carácter evolutivo de las sociedades”.
