El Congreso de Guatemala analiza una propuesta de ley que permitiría al Estado asumir el costo de los brazaletes electrónicos para que personas privadas de libertad cumplan condenas fuera de prisión, una medida que busca ampliar el acceso al control telemático y reducir la sobrecarga del sistema carcelario.
Actualmente, la Ley de Implementación de Control Telemático establece que el costo del dispositivo debe ser cubierto por el sindicado o condenado, salvo que un juez determine lo contrario tras un estudio socioeconómico. Esta condición ha limitado su aplicación en el país.
La iniciativa, impulsada por diputados de distintas bancadas y liderada por el segundo vicepresidente del Congreso, Elmer Palencia, propone eliminar esa barrera económica. El proyecto plantea que el Estado garantice el acceso, instalación y mantenimiento del brazalete sin costo para quienes no puedan pagarlo.
El control telemático está a cargo del Ministerio de Gobernación, a través del Centro de Control Telemático, encargado de monitorear, registrar y generar reportes sobre el uso de estos dispositivos en personas bajo medidas sustitutivas.
En paralelo, se busca reformar el Código Procesal Penal para que los jueces puedan imponer esta medida de forma autónoma o junto a otras alternativas, bajo criterios de proporcionalidad. También se establece que la falta de recursos económicos no podrá ser motivo para negar el acceso al sistema.
La propuesta incluye además reformas a la Ley del Régimen Penitenciario, permitiendo que personas que hayan solicitado la redención de pena puedan continuar su trámite en libertad bajo control telemático, mientras se resuelve su situación judicial.
Según datos del Ministerio de Gobernación de mayo de 2023, el costo actual del servicio es de mil 500 quetzales (unos $190 dólares) mensuales y 50 quetzales (unos $6.5 dólares) diarios, cifras que han sido señaladas como una barrera para su implementación más amplia en Guatemala.
