El Congreso Nacional de Honduras analiza una reforma integral a su sistema penal que endurece sanciones para delitos como asesinato, extorsión, secuestro y terrorismo, incluso con la incorporación de la prisión perpetua en casos vinculados a estructuras criminales organizadas.
La propuesta, que modifica al menos 25 artículos del Código Penal y Procesal Penal, no solo incrementa las penas, sino que también redefine delitos, amplía conductas punibles y cambia los mecanismos de investigación para combatir el crimen.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo reuniones recientemente con autoridades policiales y militares para avanzar en la iniciativa, que pone especial énfasis en el delito de extorsión, cuya pena actual oscila entre 15 y 20 años de prisión.
Entre los delitos que sufrirán cambios figuran el asesinato, el sicariato, el secuestro, la revelación de secretos, la extorsión, la asociación para delinquir y el terrorismo, con modificaciones que elevan las penas y amplían sus alcances legales.
En el caso del asesinato, se mantiene la pena base de 20 a 25 años, pero se eleva hasta 40 años si existe pago o recompensa, e incorpora prisión perpetua cuando el crimen esté ligado a organizaciones criminales. Además, se sanciona a quienes ordenen o colaboren en estos delitos.
El sicariato amplía su definición para incluir la muerte por encargo de una o más personas, con penas que van desde 30 años hasta prisión perpetua. En tanto, el secuestro incrementa su castigo de 8–12 años a 12–15 años, mientras que el secuestro agravado sube a rangos de 15–25 años.
Zambrano, señaló que el enfoque principal de las reformas será combatir la extorsión, a la que calificó como “flagelo que se incrementó en los últimos 4 años”.
Uno de los cambios más relevantes es el endurecimiento de la extorsión, cuya pena pasará de 10–15 años a 25–30 años. La reforma amplía la definición del delito para incluir conspiración, amenazas indirectas, uso de terceros y mecanismos electrónicos o financieros, además de permitir su investigación sin denuncia de la víctima.
También se introduce un nuevo delito por omisión de reportar operaciones sospechosas en sistemas financieros o electrónicos, mientras que se amplían agravantes como el uso de tecnología, la participación desde cárceles, la utilización de menores y la afectación a personas vulnerables.
En el ámbito del crimen organizado, la asociación para delinquir se redefine para estructuras de tres o más personas, con penas que pueden alcanzar entre 20 y 30 años, incluyendo sanciones más severas para líderes y financistas. Además, el terrorismo incorpora nuevas conductas como el control territorial o la generación de miedo colectivo, incluyendo explícitamente a maras y pandillas.
El presidente del Congreso indicó que las reformas incluirán la posibilidad de declarar como terroristas a grupos criminales que generen grave daño a la población, otorgando nuevas atribuciones al Consejo de Defensa y Seguridad para enfrentar estas estructuras.
La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el martes una reforma constitucional para permitir la aplicación de penas perpetuas a condenados por homicidio, violaciones y terroristas. La propuesta fue aprobada a petición del Ministerio de Seguridad por instrucciones del presidente Nayib Bukele.
