El Ministerio Público de Honduras abrió una investigación contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general en retiro Roosevelt Hernández, tras denuncias presentadas por periodistas que lo acusan de emitir declaraciones intimidatorias en medios y redes sociales.
Como parte del proceso, la Fiscalía solicitó la designación de un perito especializado para analizar material audiovisual que podría constituir evidencia en el caso.
La investigación es impulsada por la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que busca determinar si las declaraciones atribuidas a Hernández configuran delitos como amenazas, coacciones o incitación a la discriminación.
En el marco de estas diligencias, el Ministerio Público solicitó ante un juzgado penal la juramentación de un especialista encargado de analizar videos difundidos en redes sociales y otras plataformas digitales. El objetivo es examinar técnicamente el contenido para identificar posibles elementos delictivos.
Según explicó el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, el informe pericial será una pieza clave para determinar si existen fundamentos suficientes para presentar una acusación formal ante los tribunales hondureños.
Las denuncias contra el exjefe militar fueron presentadas hace varios meses por periodistas que cuestionaron declaraciones realizadas por Hernández en diferentes espacios mediáticos. Entre los denunciantes figura el periodista Dagoberto Rodríguez, quien lo acusa de presuntas agresiones verbales, amenazas e injurias.
La polémica se intensificó tras la difusión de una portada atribuida a las Fuerzas Armadas en la que se calificaba a comunicadores como “sicarios de la comunicación”. La expresión provocó fuertes reacciones dentro del gremio periodístico y entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
El procedimiento actual corresponde a la fase de diligencias prejudiciales, etapa en la que el Ministerio Público recopila documentos, testimonios y pruebas técnicas antes de decidir si presenta un requerimiento fiscal. La decisión final dependerá del informe del perito y de si las pruebas permiten determinar la existencia de un delito que amerite acción penal.
