Estados Unidos abrió una investigación comercial contra 60 economías del mundo, entre ellas 5 países de Centroamérica, para evaluar si sus gobiernos han fallado en impedir la entrada a sus mercados de productos elaborados con trabajo forzado. La revisión, impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), podría tener implicaciones en las relaciones comerciales con Washington.
La investigación se inició bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite al gobierno estadounidense examinar prácticas extranjeras consideradas injustas, discriminatorias o que perjudiquen el comercio de Estados Unidos.
Entre los países incluidos en el proceso figuran Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, además de otras economías relevantes como China, México, Brasil, India y la Unión Europea. En total, la revisión alcanza a 60 de los principales socios comerciales de Estados Unidos.
Según el embajador comercial estadounidense, Jamieson Greer, existe un consenso internacional contra el trabajo forzado, pero muchos gobiernos aún no aplican de manera efectiva medidas para impedir que productos elaborados bajo estas condiciones ingresen a sus mercados.
El funcionario señaló que la falta de controles permite que algunos productores extranjeros obtengan una ventaja artificial en costos, lo que termina afectando a trabajadores y empresas estadounidenses que compiten en condiciones desiguales.
El proceso de investigación incluirá consultas formales con los gobiernos involucrados. La USTR ya solicitó conversaciones con los países señalados para revisar sus políticas y mecanismos de control sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.
Además, el organismo estadounidense anunció que realizará audiencias públicas el próximo 28 de abril de 2026. Las personas, empresas u organizaciones interesadas en participar deberán presentar comentarios escritos o solicitudes para testificar antes del 15 de abril.
El resultado de estas investigaciones podría influir en futuras decisiones comerciales de Estados Unidos, incluyendo posibles medidas contra países que, según Washington, no estén tomando acciones suficientes para combatir el trabajo forzado en sus cadenas de suministro.
