Centroamérica enfrenta un desafío estructural en materia de vivienda que afecta a millones de personas. El crecimiento urbano acelerado, la informalidad laboral y las limitaciones del acceso al crédito siguen ampliando la brecha habitacional en varios países de la región.
De acuerdo con el “Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025”, elaborado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, alrededor del 20% de los hogares urbanos de América Latina presenta carencias severas de vivienda, lo que refleja la magnitud del problema habitacional que también impacta a Centroamérica.
El informe explica que el déficit habitacional no solo se relaciona con la falta de viviendas, sino también con la precariedad de muchas de las existentes. En numerosos casos las familias viven en hogares con hacinamiento, estructuras deficientes o sin acceso adecuado a servicios básicos como agua potable, saneamiento o electricidad.
Desigualdad en el acceso a vivienda en Centroamérica
En Honduras, uno de los principales obstáculos para mejorar el acceso a vivienda es la informalidad laboral. Según el estudio, más del 70% de la población ocupada trabaja en el sector informal, lo que dificulta el acceso al crédito hipotecario y empuja a muchas familias a recurrir a la autoconstrucción o a asentamientos informales.
En Costa Rica, el informe identifica presiones en el mercado de vivienda relacionadas con el aumento del costo de los alquileres. En los últimos años, los precios del alquiler han crecido por encima de la inflación, lo que ha reducido la asequibilidad para muchos hogares urbanos y ha incrementado la proporción de ingresos que las familias destinan a vivienda.
En contraste, Panamá aparece como uno de los países con mayor desarrollo del sistema hipotecario en la región. El crédito hipotecario representa alrededor del 23% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los niveles más altos de América Latina, lo que refleja un mercado financiero más profundo para la compra de vivienda.
Sin embargo, el informe advierte que este acceso sigue concentrado en trabajadores formales y hogares de ingresos medios y altos.
El estudio también señala que en El Salvador la inversión pública en vivienda continúa siendo limitada. De acuerdo con los datos recopilados, el gasto público en vivienda representa alrededor de 0,03% del PIB, lo que reduce la capacidad de los programas estatales para responder al crecimiento de la demanda habitacional.
El Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025 concluye que enfrentar el déficit habitacional en Centroamérica requerirá políticas públicas más integrales que combinen mayor inversión en vivienda social, expansión del crédito accesible y planificación urbana capaz de anticipar el crecimiento de las ciudades.
