Las presiones políticas desde Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se intensificaron en los últimos días después de que Richard Grenell, enviado especial para Misiones Especiales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunciara la confiscación de los activos de una empresa minera estadounidense.
Grenell califió “indignante” la confiscación de activos de la empresa estadounidense BHMB Mining en Nicaragua, un caso que podría abrir la puerta a nuevas medidas desde Washington.
Grenell, quien fungió hasta octubre de 2025 como enviado de Trump para asuntos vinculados con Venezuela, reaccionó en la red social X a la denuncia del abogado estadounidense Jason Poblete.
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Oro en el radar
Este denunció la confiscación de la planta de procesamiento minero de BHMB Mining, valorada en más de 80 millones de dólares, que posteriormente fue transferida a la empresa china Zhong Fu Development.
El diplomático calificó el hecho como un abuso contra la inversión extranjera y respaldó el argumento de Poblete de que este tipo de acciones suelen provocar “consecuencias” cuando afectan a capital estadounidense.
La intervención de Grenell se interpreta como la primera reacción pública conocida desde el círculo político cercano a Trump en relación con el negocio del oro nicaragüense.
Este sector en 2025 generó más de 1,900 millones de dólares en exportaciones y analistas consideran clave para la supervivencia económica del régimen.
Señales políticas desde Washington
Las declaraciones de Grenell coinciden con otros mensajes provenientes de figuras influyentes del Partido Republicano.
El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart publicó recientemente en la red X una secuencia de imágenes que señalan a Ortega en la lista de objetivos de Trump.
El mensaje muestra al dictador venezolano Nicolás Maduro con la palabra “capturado” y al líder supremo iraní Alí Jameneí con la etiqueta “eliminado”, seguidos por fotografías de Raúl Castro y Daniel Ortega.
Con ello, numerosos observadores interpretaron como una advertencia política hacia los regímenes de Cuba y Nicaragua.
La publicación fue difundida en medio de un contexto de creciente confrontación de Washington con gobiernos considerados autoritarios.
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Contexto de mayor presión internacional
Las nuevas señales se producen en un momento en que Estados Unidos ha incrementado su presión diplomática y económica sobre Nicaragua.
Desde 2018, Washington ha aplicado sanciones financieras y restricciones de visado contra funcionarios del Gobierno nicaragüense, a quienes acusa de represión política y corrupción.
Además, el Departamento de Estado ha cuestionado la legitimidad del poder ejercido por Ortega tras las elecciones de 2021, ampliamente criticadas por la comunidad internacional y las reformas constitucionales de 2025.
Analistas consideran que la confiscación de activos de una empresa estadounidense podría agravar la confrontación bilateral y convertirse en un nuevo argumento para ampliar sanciones económicas.
La combinación de mensajes políticos desde el entorno de Trump y advertencias de congresistas republicanos sugiere, según observadores, que Nicaragua vuelve a entrar con fuerza en la agenda estratégica de Washington, en un contexto regional marcado por la presión estadounidense sobre gobiernos aliados de Managua.
