La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró “responsable” al Estado de Honduras por violaciones a derechos humanos de la comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus habitantes por falta de consulta y gestión del área protegida.
La CIDH informó en un comunicado que en la “sentencia del caso comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras” notificada este miércoles se considera que el país cometió violaciones de derechos humanos en cuanto a la propiedad colectiva, participación, acceso a la información, identidad cultural, alimentación e integridad personal.
Cabe destacar que la comunidad habitó por años el archipiélago homónimo, basando sus actividades en la pesca artesanal y desarrollando su identidad cultural y espiritual. Sin embargo, entre 2006 y 2007, Honduras declaró el archipiélago como zona protegida y creó el Monumento natural marino, aprobó la Ley de pesca y autorizó actividades turísticas y televisivas sin consultar a la comunidad.
“La Corte constató que el Estado de Honduras no garantizó el derecho a la participación ni a la
consulta previa, libre e informada de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos respecto de
diversas medidas que afectaron directamente su territorio y hábitat funcional” afirma la sentencia dada a conocer esta mañana.
Las violaciones atribuidas al estado fueron resultado de falta de la no consulta previa, libre e informada en la declaratoria y gestión del área protegida, ausencia de garantías efectivas en el uso y goce del territorio comunal y de su hábitat funcional, lo que además, generó hostigamiento e inseguridad que provocó daños a la integridad personal.
En la denuncia interpuesta en la CIDH, también se argumentó que en la zona hubo explotación de hidrocarburos en la Mosquitia, por lo que, hubo amenazas y agresiones contra miembros de la comunidad, mientras el Estado no reportó avances en las investigaciones de estos hechos.
La decisión de declarar responsable al Estado también fue tomada considerando que Honduras debió reconocer que el derecho a la propiedad colectiva comprende el hábitat funcional de los pueblos tanto indígenas como tribales y que se les debía entregar acceso a recursos y áreas marinas que habían sido siempre utilizados por la comunidad y que significaban “la preservación de su vida comunitaria, identidad cultural y subsistencia”.
Además, que el Gobierno autorizó la realización de varios reality shows que implicaron restricciones de pesca artesanal que afectaban la subsistencia de la comunidad. Por lo que, la CIDH estableció al menos cinco seis
- Adecuar el ordenamiento jurídico interno sobre consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y tribales.
- Garantizar la participación de la comunidad en el plan de manejo del Monumento y en la toma de decisiones del área protegida.
- Realizar diligentemente las investigaciones resolver las denuncias interpuestas por la comunidad.
- Publicar la sentencia de la CIDH.
- Pagar la indemnización fijada por daños.
- Pagar la cantidad fijada por reintegro de costas y gastos.
