La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este miércoles la querella presentada por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, contra el fiscal general Johel Zelaya.
La funcionaria acusa al titular del Ministerio Público por los presuntos delitos de difamación y prejuicio público. La acción legal surge tras la divulgación de audios vinculados a un proceso de investigación en curso.
Con esta decisión, la Corte Suprema da inicio formal al trámite judicial. Además, ordenó continuar con las etapas procesales correspondientes.
Audiencia de conciliación programada
El Poder Judicial programó la audiencia de conciliación para el próximo 4 de marzo. Esta diligencia representa la primera fase formal del proceso judicial.
En esta etapa, las partes podrán exponer sus posiciones y buscar una posible solución conciliatoria. Si no hay acuerdo, el proceso continuará conforme a la ley.
La admisión de la querella implica que la Corte evaluó el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la normativa vigente.
Señalamientos de la consejera del CNE
Cossette López sostiene que el fiscal general actuó con “absoluta parcialidad” durante la divulgación del material. Según su versión, el funcionario emitió juicios de valor definitivos sobre un caso que aún se encuentra bajo investigación.
La consejera afirmó que el fiscal vulneró los principios de objetividad institucional. También señaló que el titular del Ministerio Público dio instrucciones para que la Fiscalía la responsabilizara con base en hechos que, según ella, no han sido probados ante un juez.
“Básicamente, él dio una instrucción para que la Fiscalía me culpabilice con base en algo que él ya dio por sentado, incluso arrogándose funciones de juez”, expresó López.
Difusión de audios y presunta afectación a la presunción de inocencia
La querellante indicó que la divulgación de los audios constituyó una violación de los procedimientos internos del ente acusador. A su juicio, el fiscal general la juzgó públicamente sin que existiera una resolución judicial firme.
Además, sostuvo que las declaraciones posteriores de Zelaya dañaron su derecho a la presunción de inocencia. Argumentó que las imputaciones difundidas carecen de sustento jurídico formal.
“Lo más grave no es la filtración, sino la difamación. Él ya me juzgó públicamente, vulneró mi derecho de inocencia y me indicó un delito”, manifestó.
Según López, el accionar del denunciado representa una falta grave. Asegura que el máximo representante de la persecución penal debe actuar bajo criterios de objetividad y respeto al debido proceso.
Argumentos expuestos ante la Corte Suprema
El escrito presentado ante la Secretaría de la Corte detalla que Johel Zelaya incurrió en una supuesta usurpación de atribuciones. El documento sostiene que el fiscal dio por sentada la culpabilidad de la consejera antes de concluir las investigaciones.
La querella por difamación y prejuicio público solicita que la Corte Suprema evalúe la conducta del funcionario conforme a la ley.
De esta manera, el proceso judicial queda en manos del máximo tribunal. La audiencia de conciliación del 4 de marzo marcará el siguiente paso en este caso que involucra al Ministerio Público y al Consejo Nacional Electoral.
